Junto a la dirigente de IU Sira Rego, anunció en rueda de prensa una campaña para dejar claro el "cambio de bando" desde las comercializadoras del "oligopolio", entre las que señala a Gas Natural, Iberdrola o Endesa, a las pequeñas empresas que se comprometen con el suministro procedente de fuentes renovables y cuyo funcionamiento interno se basa en la economía social.

Garzón denunció que en el contexto actual las prioridades sociales parecen quedar en un "segundo plano" de la agenda política, pero Izquierda Unida sigue centrando su actividad en paliar las "dramáticas" consecuencias que la crisis económica y los recortes están provocando en amplias capas de la sociedad.

Cree, además, que el Gobierno tiene "un interés clarísimo" en que ese deterioro de las clases populares quede oculto tras la crisis territorial, que tapa tanto la creciente desigualdad como el injusto reparto de la riqueza tanto en España como en el resto del mundo.

Ahí juegan un importante papel no solo los recortes "oficiales", dijo, sino también la persistencia de un modelo fiscal que no funciona correctamente y que permite la existencia de "agujeros negros brutalmente grandes" de evasión de impuestos, tal y como muestran las últimas revelaciones sobre patrimonios en paraísos fiscales.

Garzón considera que las banderas "confunden mucho más que aclaran" y ocultan los intereses comunes que tienen las clases populares de Cataluña y del resto de España, por un lado, y las élites de ambos lugares por otro. Como muestra de ello señaló al portavoz del PDECat en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, incluido en esas revelaciones y que "comparte clase social con los ricos de España y del PP".

El conflicto territorial, explicó, evita que los más desfavorecidos de Cataluña y del resto de España "podamos sentirnos parte de una misma clase social" y ejerce como "enorme cortina de humo" para que los más adinerados puedan seguir defendiendo sus privilegios.

Izquierda Unida quiere hacer esa migración energética en sus 262 sedes en toda España y "acompañar" a sus militantes y simpatizantes, en total unas 70.000 personas, para que migren también su suministro doméstico. Además, quiere emprender un proceso de formación colectivo para interpretar correctamente la factura, detectar la "estafa" y comprobar que el actual bono social no está garantizando en la práctica la respuesta a las necesidades de las familias más desfavorecidas.