En declaraciones en la Plaza Mayor dentro de su visita al distrito Centro para denunciar los problemas de seguridad, indigencia y limpieza que padece, Almeida dijo que el que el Ministerio haya vuelto a rechazar el PEF es “una noticia sorprendente pero no tanto”, habida cuenta de que Sánchez Mato se ha deslizado en la espiral de desacatar la ley.

El portavoz popular dijo que “no es casualidad que los tres grupos de la oposición se abstuvieran” en el Pleno de septiembre que aprobó el PEF, donde mostraron sus dudas de que el Ministerio lo aprobara, y que con la “inevitable” decisión de Hacienda se ha llegado al punto esperado: que, “lamentablemente” para la “credibilidad” del Ayuntamiento, el Ministerio “tendrá que monitorizar semanalmente” las cuentas municipales, en colaboración con la interventora porque “no se fía de Sánchez Mato”, como “último recurso para que se someta a la normativa presupuestaria”.

Ahora bien, ante la “insumisión legal” en que juzga que se ha instalado Sánchez Mato, Almeida cree que “Carmena no tiene mas remedio que cesarle”, porque el delegado “no es digno de esta ciudad” y “la situación es absolutamente insostenible”. Según dijo, “en cualquier otra administración Sánchez Mato estaría cesado”. Y, si no le cesa, es que la alcaldesa “se está poniendo de su lado” en este enfrentamiento “grotesco” que protagoniza con Hacienda.

Desde el Área de Economía y Hacienda se reconoció que anoche recibieron la resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local en la que se deniega la aprobación del PEF presentado, y añadieron: “Confirmamos que lo estamos analizando y estudiando las acciones posibles. El Ayuntamiento mantiene su compromiso con la ciudadanía madrileña y actuará con la responsabilidad institucional que ha demostrado”.

La portavoz municipal del PSOE, Purificación Causapié, anunció que el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados está registrando la comparecencia del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, para conocer por qué ha intervenido las cuentas del Ayuntamiento, en lo que calificó como “un ataque a los ayuntamientos” y la autonomía local.

Contrapuso que el Gobierno central, a su juicio, reduce impuestos a los ricos mientras los municipios invierten en servicios sociales y centros culturales, por lo que rechazó que el Ejecutivo cuadre sus cuentas a costa de los ciudadanos, y reivindicó el derecho de los madrileños a decidir en qué gastan sus impuestos, pues tienen “capacidad y legitimidad” para hacerlo.