La organización indicó que la campaña de asedios, homicidios ilegítimos y desplazamiento forzado llevada a cabo por el Gobierno ha dejado a miles de civiles desarraigados y obligados a vivir “en pésimas condiciones”.

En un informe titulado ‘Nos marchamos o morimos: Desplazamiento forzado por los acuerdos de ‘reconciliación’ en Siria’, Amnistía examina cuatro de esos pactos locales y documentos conexos relacionados con violaciones del derecho internacional que se remontan a 2012.

Firmados entre agosto de 2016 y marzo de 2017, los acuerdos han dado lugar al desplazamiento de miles de personas residentes en seis zonas sometidas a asedio: Daraya, el este de la ciudad de Alepo, Al Waer, Madaya, Kefraya y Foua.

Amnistía señala que el Gobierno sirio y, en menor medida, los grupos armados de oposición ha sitiado a civiles de manera ilegítima, privándolos de alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad, y han realizado ataques ilegítimos contra zonas densamente pobladas.

“Aunque el fin declarado del Gobierno sirio era la derrota de combatientes de la oposición, sus cínicas tácticas de ‘rendirse o morir de hambre’ han comportado una devastadora combinación de asedios y bombardeos. Estas operaciones formaban parte de un ataque sistemático y generalizado contra civiles, que constituye crímenes de lesa humanidad”, indicó Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África en Amnistía Internacional.

Luther recalcó que “todos los Estados deben cooperar para eliminar la oscura mancha en la conciencia del mundo que representa la persistencia de la impunidad de estos crímenes”. “No tienen forma más sencilla de hacerlo que proporcionar apoyo y recursos al mecanismo internacional, imparcial e independiente recién establecido por la ONU para contribuir a investigar y enjuiciar a los responsables”, añadió.

Amnistía subraya en su informe que las personas sometidas a esas “terribles violaciones del derecho internacional” no tenían más elección que abandonar en masa sus hogares. Debido a ello, miles de familias viven ahora en campos de acogida improvisados, con acceso limitado a la ayuda humanitaria y a la atención de otras necesidades básicas y con escasas oportunidades de ganarse la vida.

“Si el Gobierno sirio, así como grupos armados de oposición como el Movimiento Islámico Ahrar al Sham y Hayat Tahrir al Sham, está realmente comprometido con la reconciliación, debe poner fin de inmediato a estas prácticas ilegítimas, levantar los asedios y acabar con los ataques contra los miles de civiles que continúan sitiados en toda Siria”, añadió Luther.

VÍDEOS E IMÁGENES DE SATÉLITE

El informe está basado en entrevistas realizadas entre abril y septiembre de 2017 a 134 personas, entre las que había personas desplazadas que habían soportado asedios y ataques, trabajadores y expertos en ayuda humanitaria, periodistas y funcionarios de la ONU.

Amnistía Internacional examinó también decenas de vídeos e imágenes de satélite para corroborar los relatos de los testigos y pidió la opinión sobre sus conclusiones a las autoridades sirias y rusas, que no han contestado, y al Movimiento Islámico Ahrar al Sham, que sí lo ha hecho.

Asegura que, desde el comienzo del conflicto armado de Siria, el Gobierno ha sitiado zonas civiles pobladas utilizando el hambre como método de guerra y bloqueando o restringiendo arbitrariamente el acceso a medios con que cubrir las necesidades básicas, como los alimentos, el agua, las medicinas, el combustible y las comunicaciones, además de obstaculizar la entrada de organizaciones humanitarias en las zonas sitiadas.

Amnistía indica que los efectos han sido “devastadores”, pues “han dejado a la población al borde de la inanición y han provocado muertes por enfermedades que tenían tratamiento”.

“Mientras la comunidad internacional desvía su atención a las iniciativas de reconstrucción en Siria, Amnistía Internacional pide a todos los agentes con influencia, en particular a Rusia y China, que garanticen que toda ayuda económica destinada a las zonas afectadas por el desplazamiento forzado hace valer el derecho de las víctimas a la restitución de su casa, tierras y demás bienes, así como el derecho a regresar voluntariamente y en condiciones de seguridad y dignidad", concluyó Luther.