Así se desprende del último estudio sobre 'Calidad de la Democracia' del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado este lunes y realizado entre el 9 y el 12 de junio con 4.027 entrevistas en 1.150 municipios españoles y un error para el conjunto de la muestra de ±1,6%.

Un sondeo que se elaboró tras la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y antes de la condena a 24 años de prisión al exministro José Luis Ábalos o la imputación de la directora general del Instituto Armado, Mercedes González, en el 'caso Leire'.

En concreto, este estudio muestra cómo, ante la afirmación de que en los procesos judiciales que afectan a partidos políticos "la Justicia siempre es imparcial", el 39,3% dice estar en desacuerdo y el 37,6%, muy en desacuerdo. En el lado opuesto, un 4,5% dice que está muy de acuerdo y el 17,3%, solo de acuerdo.

Al mismo tiempo, el 39,4% de los encuestados rechaza que la Justicia trate igual a un político que a un ciudadano de a pie, porcentaje que se eleva al 49,4% a la hora de mostrarse muy en desacuerdo. Solo el 10,7% opina lo contrario. Un resultado que también se repite si se diferencia entre ricos y pobres, con un 78,4% de españoles en desacuerdo (40,2%) o muy en desacuerdo (38,2%) con la afirmación de que se les trata por igual. En este caso, un 21,1% sí que cree que hay una igualdad de trato sea quien sea el imputado.

MEDIOS INSUFICIENTES CONTRA LA CORRUPCIÓN

Además, el 87,5% de los españoles considera que el sistema democrático en España no cuenta con los suficientes mecanismos para luchar contra la corrupción, mientras que el 12% sí que cree que los medios actuales son los correctos. De ahí que, entre las medidas para mejorar el funcionamiento de la democracia, un 12,5% señale de forma espontánea la necesidad de adoptar nuevas medidas contra la corrupción y los corruptos en política, como eliminar los aforamientos.

Mientras tanto, la despolitización de la Justicia y la separación efectiva de poderes, con cambios y renovaciones, es señalada como una necesidad por un 10,5%. También reclaman un código ético entre las formaciones políticas (2,5%) y más transparencia (1,8).

Los ciudadanos también dan por hecho, en su mayoría, que los políticos que están en el poder buscan sus intereses personales. Es lo que piensa el 75%, con un 37,9% que se muestra de acuerdo con esta apreciación y un 37,1%, muy de acuerdo. En el lado opuesto, el 23,9% rechaza esa afirmación en su conjunto.

CÓDIGO ÉTICO

Y en el contexto de los casos de corrupción que en la actualidad afectan tanto al Gobierno como al PSOE, con el 'caso Leire' como exponente más reciente, los ciudadanos exigen en su mayoría que los miembros de las direcciones de los partidos y los cargos públicos firmen un código ético. Una petición está con la que está muy de acuerdo el 62,4% de los encuestados, mientras que el 32,3% está de acuerdo. Únicamente el 3,9% lo rechazaría.

En lo que se refiere a las formaciones políticas, el 55,6% de los españoles considera, en su conjunto (muy de acuerdo o de acuerdo), que estos no eligen a los candidatos por procedimientos democráticos, mientras que el 88,8% considera necesario crear con la figura del defensor del afiliado para los casos en los que haya vulneración de derechos. Al mismo tiempo, hay un 51% que está convencido de que los ciudadanos que pertenecen al partido en le poder reciben mejor trato por parte de la Administración. Una afirmación esta que rechaza el 54,7%.