En su informe ‘Es una prisión mental’, Amnistía describe cómo décadas de uso arbitrario de las leyes penales y otras prácticas ilegales (incluidos los despidos discriminatorios e indebidos del empleo estatal y el acoso adicional en el sector emergente del empleo por cuenta propia) se traducen en un sistema en el que incluso las personas que en Cuba no son políticamente activas tienen que evitar criticar al Gobierno si quieren conservar su empleo.

“Muchas personas en Cuba se sienten asfixiadas por unos mecanismos de control estatal sobre su vida cotidiana. Parte de ese control es: si quieres mantener un empleo, tienes que estar de acuerdo con todo lo que diga el Gobierno”, manifestó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Guevara-Rosas apuntó que, “ahora que Raúl Castro se dispone a abandonar su cargo en febrero de 2018, Cuba tiene la oportunidad de iniciar un diálogo significativo sobre derechos humanos”, y consideró “imperativo que el país empiece a hacer los cambios necesarios para que la libertad de expresión se convierta en una realidad para la población”.

El Gobierno cubano es el principal empleador del país, puesto que cerca del 70% de los trabajos disponibles están en el sector público y también controla el sector privado, pequeño y emergente pero sumamente regulado.

Cuba sigue siendo el único país de las Américas donde a Amnistía Internacional no se le permite hacer una visita oficial. El equipo de investigación de la organización habló con más de 60 personas migrantes cubanas en diversas ciudades de México para documentar sus testimonios sobre la vida cotidiana en un país en el que la libertad de expresión se ha restringido históricamente.

La mayoría de las personas entrevistadas no habían criticado nunca abiertamente el sistema político o económico cubano y no estaban implicadas en ninguna forma de activismo o de oposición política. Sin embargo, cerca de la mitad afirmaron haber sido detenidas y encarceladas al menos en una ocasión, en su mayoría acusadas de delitos contrarios al derecho internacional.

El Código Penal de Cuba también establece una serie de sanciones basadas en la proclividad de una persona a cometer un delito, y en la probabilidad percibida de posibles acciones futuras que podrían ser consideradas 'antisociales'. Además, castiga a quienes tengan relación con personas a las que las autoridades consideren 'potencialmente peligrosas para la sociedad' o con las que sean una amenaza para 'el orden social, económico y político del Estado socialista'

“NO ERES CONFIABLE”

Amnistía afirma que las personas que desaprueban, incluso de forma delicada, las políticas del Gobierno cubano son despedidas arbitrariamente de su empleo o acosadas por el Estado hasta que sienten que no tienen más opción que renunciar (lo que resulta casi imposible encontrar otro trabajo en el sector público) o abandonar el país.

La mayoría de las personas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que eran rechazadas cuando se ponían en contacto con posibles nuevos empleadores estatales después de haber sido despedidas de un empleo anterior, ya que simplemente les decían: “No eres confiable”. La frase, utilizada explícitamente para referirse a una persona que no es de fiar políticamente en lo relativo a la ideología del Estado, era con frecuencia la única explicación que los posibles jefes daban a la persona en cuestión para no darle el empleo.

Amnistía recalca en su informe que quienes son expulsados de su empleo por sus opiniones no tienen una instancia a la que acudir para recurrir su despido. La mayoría dijeron que el único sindicato oficial de Cuba no los representaba y que no tenían la opción de unirse a un sindicato independiente. Ninguna de las personas entrevistadas había llevado su despido a los tribunales, pues consideraban que estos estaban bajo el control total del Gobierno.

Amnistía apunta que, pese a los cambios introducidos recientemente en las leyes sobre migración cubanas, tratar de salir del país por mar sigue considerándose delito y que quienes intentan abandonar la isla son calificados de 'desertores', 'traidores' y 'contrarrevolucionarios', y son detenidos y excluidos del acceso al empleo estatal, igual que otras personas que ejercen pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.

“Si las autoridades de Cuba quieren afirmar que tienen un compromiso real de cambiar, deben revisar todas las leyes penales que son contrarias a las normas internacionales y deben poner fin a los despidos discriminatorios e indebidos y al acoso contra trabajadores y trabajadoras como forma de silenciar incluso las críticas más sutiles. Hasta que no lo hagan, el país seguirá siendo una prisión mental”, concluyó Guevara-Rosas.