También se pide “incluir en los próximos presupuestos anuales una convocatoria de subvenciones para financiación de inversiones destinadas a la realización de obras de ampliación, sustitución y adecuación en centros de atención a personas con discapacidad de la red concertada cuya titularidad revista la forma de fundación o asociación sin ánimo de lucro".

La defensora de la proposición no de ley (PNL), la socialista Mónica Silvana González, explicó que la Comunidad de Madrid cuenta con un total de 23.000 plazas públicas para la atención a personas con discapacidad, el 80% gestionadas por fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro que han sido corresponsables de este crecimiento continuado al aportar, con su esfuerzo y patrimonio, los espacios necesarios para la atención a las personas.

Agregó que las asociaciones y fundaciones titulares de centros de atención a personas con discapacidad han realizado un notable esfuerzo financiero para adaptar sus edificios e instalaciones a las exigencias de una legislación que, en los últimos años, ha experimentado cambios notables.

Asimismo, indicó que "los acuerdos marco que regulan las cuantías de los precios de las plazas por persona atendida se negociaron en un escenario de profunda crisis económica, y dichas entidades se vieron obligadas a reducir al mínimo sus presupuestos para poder seguir prestando el servicio".

A su juicio, en la actualidad la mayoría de estos centros no puede cubrir las necesidades mínimas de mantenimiento, y si lo hacen, es gracias al aporte individual de las familias que forman la asociación o fundación que gestiona el centro, con lo cual en muchos casos representa un copago encubierto.