Así lo puso de manifiesto esta experta durante la ponencia impartida en el ‘I Congreso Nacional del Derecho de la Discapacidad’, que se celebra del 15 al 17 de noviembre en el Centro de Congresos Ciutat d’Elx, en Elche (Alicante), y que cuenta con la participación de una veintena de ponentes y la asistencia de más de 200 personas.

“El modelo de educación en España no es exactamente un modelo segregado donde todos los niños y niñas con discapacidad van a centros especiales, pero tampoco es un sistema de educación inclusiva, capaz de flexibilizarse para que todos puedan estudiar en centros ordinarios. Estamos a medio camino entre la enseñanza segregada y la inclusiva, es decir, en la integración”, señaló Alonso.

Además, indicó que la aprobación en 2013 de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) “hubiera sido la ocasión perfecta para adaptar nuestra legislación educativa a la Convención de la ONU, pero no sólo no se avanzó, sino que hubo un pequeño retroceso”.

A su juicio, para lograr un verdadero sistema de educación inclusiva se debería garantizar la formación del profesorado para atender las necesidades específicas que presente un alumno con discapacidad, evitar etiquetar al alumnado, escuchar a las familias y al propio estudiante con discapacidad, y garantizar los recursos necesarios.

LEGISLACIÓN LABORAL

Por otra parte, se celebró también una ponencia en la que se abordó la situación de las personas con discapacidad desde el punto de vista de la legislación laboral, durante la que Javier Fernández, profesor titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche, dijo que “es criticable que se obligue solamente a contratar a personas con discapacidad a las empresas con más de 50 empleados. Se quedan fuera, por ejemplo, las empresas que tienen 49 trabajadores”.

Según explicó, esta cifra contrasta con la de países del entorno de España como Francia, donde existen obligaciones legales a partir de las 20 personas en plantilla. “Yo creo que podemos y debemos dar un paso más”, apuntó este experto, al tiempo que señaló que “cambiar leyes es muy importante, pero más que eso hace falta cambiar mentalidades, y eso se hace desde la infancia, en la educación y en las familias”.

Juan Francisco Mestre, catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de Valencia, impartió la ponencia ‘La acción pública en materia de discapacidad: políticas, estrategias y actuaciones administrativas’, que sirvió para reflexionar sobre “hasta dónde deben y pueden llegar los poderes públicos a la hora de legislar en materia de discapacidad”.

A este respecto, explicó que existen muchas veces limitaciones, ya que un juez en contadas ocasiones puede por ejemplo obligar al legislador a aprobar leyes o al Gobierno a dictar reglamentos para el desarrollo de leyes.

El encuentro sobre derecho y discapacidad también dejó espacio para la presentación de casos de buenas prácticas. Concretamente, este jueves se expuso la apuesta por la responsabilidad social corporativa de Hidraqua, compañía patrocinadora del ‘I Congreso Nacional del Derecho de la Discapacidad’ y que realiza una importante apuesta por la inclusión de las personas con discapacidad en su plantilla, en el marco de los programas de fomento de la igualdad que llevan a cabo en la compañía.

El ‘I Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad’ ha sido organizado por el Cermi, la Fundación Derecho y Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad. Cuenta además con el patrocinio de Garrigues, Conselleria de Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Elche, Hidraqua, Universidad Miguel Hernández de Elche, Fundación Pascual Ros Aguilar, Fundación Juan Peran Pikolinos, Ibidem Law & Strategy, ilustre Colegio de Abogados de Elche y la Fundación Æquitas.