La ONG señaló que el año pasado hubo 37.495 denuncias por delitos violentos contra menores de edad, de las cuales 4.061 fueron por malos tratos en el ámbito familiar y 4.056 por abusos sexuales, aunque indicó que “las cifras pueden ser mucho más elevadas” porque “la mayoría de los casos son silenciados y jamás llegan a ser conocidos por las autoridades”.

Para erradicar estas prácticas, Save the Children pidió la creación de una ley integral que proteja a todos los niños de todas las formas de violencia e incluya medidas de prevención, detección, protección y reparación eficaces, así como herramientas para su correcta evaluación y seguimiento, que necesariamente deberán apoyarse en un sistema de recopilación, análisis y difusión de datos sobre este tipo de violencia.

En cuanto a la pobreza, Save the Children apuntó que actualmente casi 1,4 millones de niños se encuentran en situación de pobreza severa en España, que es uno de los países con más desigualdad de la UE y esta situación vulnera el derecho a un nivel de vida adecuado de los más pequeños, puesto que viven en hogares sin calefacción en invierno, sin poder consumir los nutrientes que necesitan para su desarrollo o sin estudiar con el material escolar necesario.

La ONG exigió al Gobierno que dé prioridad a la lucha contra la pobreza infantil en los próximos Presupuestos Generales del Estado y aumente la prestación social por hijo a cargo hasta los 100 euros al mes para las familias en situación de pobreza.

“VOLUNTAD POLÍTICA”

Por otro lado, las llegadas de migrantes y refugiados a España por mar se han triplicado con respecto al año pasado, y muchos de los que llegan son menores. En esos casos se necesitan mecanismos adecuados para su identificación como menores de edad y medidas de protección específicas.

“El Estado español no está cumpliendo plena ni satisfactoriamente con sus obligaciones legales; está vulnerando algunos de sus derechos tanto por acción como por omisión. Se antepone su condición de migrantes a la de ser menores de edad y existen contradicciones entre las leyes y prácticas dirigidas a controlar los flujos migratorios y las que tienen como fin proteger a los niños”, apuntó Save the Children.

La organización reclamó “voluntad política” y medidas concretas para proteger a los menores extranjeros no acompañados, crear un plan estratégico nacional de acogida e integración para personas solicitantes de asilo con especial foco en las necesidades de los niños, garantizar la reagrupación de las familias que se encuentren separadas y el cumplimiento de los compromisos de reubicación y reasentamiento de refugiados.

Por último, Save the Children subrayó que el 43% de los niños más pobres abandona prematuramente sus estudios y que las familias con rentas más altas pueden dedicar más recursos a la educación de sus hijos, mientras que los niños de los hogares más pobres están más expuestos al abandono escolar.

Para lograr un sistema educativo de calidad y equitativo para todos los niños, la ONG exigió que se aumente el gasto público en educación; reformar la política de becas para asegurar que los niños de familias en situación de pobreza tengan cubiertos los costes de comedor, transporte, material escolar o extraescolar, y la creación de un plan de acceso a la educación infantil pública que aumente las tasas de escolarización de cero a tres años.