Según informó la Policía, entre los arrestados están varios empresarios, trabajadores que obtuvieron fraudulentamente prestaciones de la Administración Pública y ciudadanos extranjeros que regularizaron, gracias al fraude, su situación administrativa en el país.

Las investigaciones comenzaron a principios del presente año, al ser detectadas un importante número de empresas sospechosas de defraudar a la Seguridad Social en la comunidad de Valencia, según los informes facilitados por las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de Valencia y Alicante.

En total han sido investigados 1.211 trabajadores, de los cuales 81 habían solicitado y percibido prestaciones económicas por importe de 484.698,16 euros. Están siendo investigados también 25 empresarios y dos gestores administrativos.

IMPAGO DE SEGUROS SOCIALES

Por su parte, las empresas inspeccionadas habrían generado una deuda a la Seguridad Social de 1.658.541,77 euros por el impago de los seguros sociales generados como consecuencia del alta de los presuntos trabajadores. De los investigados no detenidos, hay dos empresarios que se encuentran internos en la prisión de Valencia y otro que reside en Francia.

Estas empresas denominadas “ficticias” son entidades físicas o jurídicas sin actividad laboral real y efectiva, de forma que eran usadas para simular negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores a los que, a cambio de diferentes cantidades de dinero, daban de alta en la Seguridad Social. Por su parte los responsables de las mercantiles investigadas declaraban realizar una actividad laboral, algo que en realidad no sucedía.

Entre las empresas investigadas hay varias formadas por personal de nacionalidad ucraniana, búlgara y rusa que las creaban para darse de alta en la Seguridad Social, unos como trabajadores y otros como empresarios.

AUMENTO DE LA PENSIÓN

En otras empresas, los trabajadores pasaban a ser administradores y viceversa, pagando regularmente las cuotas generadas por los seguros sociales de los presuntos trabajadores con el fin de no ser descubiertos a la vez que dificultaban las labores de investigación de los organismos dedicados a detectar el fraude.

Respecto a la pensión de jubilación, había personas que -aprovechándose de los acuerdos bilaterales internacionales- pasaban a ser titulares de una pensión de 391,35 euros con revalorización anual cuando en realidad les hubiese correspondido una por valor de 21,78 euros.

Este aumento se debió a que aportaron el informe de vida laboral de su país y también justificaron un año de alta como trabajadores en una empresa radicada en España -que posteriormente han sido declaradas ficticias-. Además, regresaban a su país de origen, por lo que no han podido localizarse en España.