Según informó el regulador, las inspecciones se hicieron en compañías del mercado de postensado para la construcción, mantenimiento y control de puentes y estructuras, así como aplicaciones de geotecnia.

Los inspectores de las autoridades de competencia correspondientes a las comunidades autónomas donde se ubican las empresas inspeccionadas colaboraron en la ejecución de las mismas, a solicitud de la Dirección de Investigación de la CNC.

Las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de la supuesta conducta anticompetitiva y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas.

En caso de acreditarse algún indicio se procedería a la incoación formal de expediente, pues tales conductas restrictivas constituirían una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia.

Estas conductas se consideran como una infracción muy grave, que podría suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.

La investigación de los cárteles supone una de las prioridades de actuación de la CNC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores.