El magistrado decidió ayer por la noche dejar en libertad a los seis detenidos, aunque impuso varias fianzas: 100.000 euros para Tarkirsan Baratov, un importante empresario de Kazajistán; 40.000 euros para el ex comandante de la policía de Armenia Ladus Unayan y para G.E., hombre de confianza de Rakhimov en España, y 20.000 euros para Yurity Zakharyan, general ucraniano de origen armenio, y para Konstantin Unanyan.

Todos ellos están acusados de haber cometido delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.

El único que quedó en libertad sin fianza fue el español J.A.O.R., aunque con la obligación de comparecer cada dos semanas ante los juzgados y la prohibición de abandonar el territorio nacional.

ASESINATOS Y EXTORSIÓN

El auto dictado por Grande-Marlaska se centra en el capo Rakhimov, quien no pudo ser detenido en la operación del martes. De hecho, esta parte de la investigación se inició el pasado 22 de abril cuando el consejero de la embajada rusa Stanislav Osipov, miembro del Servicio Federal de Seguridad, se personó en la Fiscalía Anticorrupción para alertar de la presencia en España de una estructura criminal mafiosa liderada por Rakhimov e integrada por individuos de Rusia así como de Ucrania, Armenia, Uzbekistán y Kazajistán.

La investigación policial reveló que Rakhimov vivía desde el año 2001 en Barcelona, donde había montado un entramado societario dedicado a la importación y exportación así como a la adquisición de inmuebles en España con la finalidad de blanquear los capitales procedentes las actividades criminales desarrolladas por su organización en países de la ex Unión Soviética, tales como los asesinatos por encargo, la extorsión, los ajuste de cuentas, el cobro por la fuerza de deudas y el tráfico de drogas.

El dinero procedente de Rusia era canalizado hasta España a través de distintos intermediarios y mediante varias transferencias bancarias destinadas a camuflar el origen ilícito de los fondos. Una vez dentro del país, las empresas de Rakhimov emitían contratos falsos para justificar las partidas de dinero.

El auto dictado por Grande-Marlaska detalla cerca de una decena de operaciones societarias e inmobiliarias entre enero 2005 y marzo de 2008 realizadas supuestamente para blanquear en España el dinero procedente de las actividades criminales desarrolladas en Rusia y países de su entorno.

COLABORADORES

El magistrado asegura que los seis detenidos formaban parte de la estructura mafiosa asentada en España y dirigida por Rakhimov, pero señala que “su actuación no parece principal y exclusiva, sino circunstancial”.

La actividad más destacada fue la de G.E., hombre de confianza de Rakhimov, quien realizaba las funciones de asesor financiero, principalmente aconsejando sobre las formas de hacer las transferencias sin que fuesen detectadas. También realizaba distintas inversiones inmobiliarias, principalmente en negocios hoteleros en la costa de Tarragona.

Por su parte, Takhirzham Baratov canalizó hacia España con la ayuda de su esposa al menos 3.400.000 euros para nutrir el mecanismo de blanqueo, mientras que los hermanos Ladush y Konstantin Unanyan, hijos del director de la cámara de comercio de Kazajistán, invirtieron diferentes cantidades de dinero para construir un hotel en la localidad tarraconense de Cunit.

Respecto a J.A.O.R., propietario de una gestoría de Salou (Tarragona) y presidente de la Agrupació Democràtica Municipal de Catalunya, formación que se presentó a las elecciones municipales de 2007 aunque no obtuvo representación en el Ayuntamiento, el auto señala que puso supuestamente a disposición de la trama una de sus empresas para que los mafiosos pudiesen realizar sus inversiones inmobiliarias y sus transferencias internacionales.

Aún así, Grande-Marlaska señala que, más allá del asesoramiento y de algunas irregularidades administrativas, todavía no se puede concluir “la entidad real de su participación concreta”.

A la operación que permitió la detención de estas seis personas, llevada a cabo por la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra bajo la coordinación del magistrado de la Audiencia Nacional, se le considera la segunda parte de la “operación Java”, por la que en marzo pasado fueron detenidas un total de 79 personas en toda Europa -24 en España- acusadas de pertenecer a la mafia ruso-georgiana.

En este sentido, el magistrado destaca en su auto que a raíz de esa primera fase de la operación Java, Rakhimov cambió su residencia de Barcelona a Kiev y aumentó durante sus estancias en España las medidas de seguridad “destinadas a no ser localizado” por la policía.