El estudio, de carácter cualitativo y exploratorio -presentado esta mañana con motivo del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, que se celebra este domingo- constata que persisten desigualdades territoriales, limitaciones en la cobertura pública y obstáculos específicos para mujeres jóvenes y colectivos vulnerables, como migrantes, mujeres con discapacidad o en situación administrativa irregular.

Entre las principales conclusiones destaca que más del 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se realizan en centros privados acreditados, aunque estén financiadas por el sistema público de salud.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, participó en el acto y subrayó la necesidad de “reforzar el servicio público” para garantizar la igualdad en el acceso a este derecho en todo el territorio. “La diferencia entre comunidades autónomas atenta contra el principio de igualdad recogido en la Constitución. Tenemos que caminar hacia una recuperación y un fortalecimiento de lo público, porque solo así se asegura un acceso real y efectivo”, afirmó.

Redondo también planteó la posibilidad de elevar el derecho al aborto al rango constitucional, siguiendo el ejemplo de Francia, y advirtió de que “ninguna objeción de conciencia puede relegar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad”. Además, criticó las trabas burocráticas que, a su juicio, “sobrecargan a las mujeres en una situación especialmente vulnerable y hacen aún más compleja la decisión”.

Por su parte, la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, recordó que “los derechos conquistados necesitan ser protegidos, ampliados y garantizados en la vida cotidiana” y puso en valor la lucha de quienes abrieron camino en la defensa de los derechos reproductivos frente a retrocesos y resistencias.

El informe recomienda integrar la IVE en la red pública de salud, regular la objeción de conciencia, formar y capacitar al personal sanitario, establecer protocolos homogéneos e información clara, atender sin estigmas y garantizar un acceso inclusivo para los colectivos más vulnerables. También plantea reforzar la educación sexual integral como herramienta preventiva y de igualdad.

Pese a los avances normativos logrados con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010, su reforma de 2023 y la tipificación del acoso a mujeres en clínicas en 2022, el estudio de la Federación Mujeres Jóvenes evidencia que la plena garantía del derecho al aborto en España “aún depende de la voluntad política y de la eliminación de barreras estructurales” que dificultan su acceso equitativo en todo el territorio.