El 6,59% ha percibido mejoras en este tiempo y el resto cree que está en una situación de estancamiento. El malestar mayoritario se refleja al valorar el trato recibido por parte de las Administraciones Públicas. La puntuación media apenas alcanza un 1,86 sobre 5. Para casi la mitad de los encuestados, el trato es directamente “muy insatisfactorio”.

“No estamos ante una crítica ideológica ni ante un discurso exagerado. Estamos ante una realidad que se repite despacho tras despacho, cliente tras cliente”, señala el presidente del consejo, Fernando Jesús Santiago. “El autónomo siente que cumple, pero que el sistema no le devuelve seguridad ni estabilidad”.

Cuando se pregunta si la Administración actúa de buena fe, más de la mitad de los encuestados (56,89%) responde que no, frente a un 32,93% que considera que sí. A ello se suma que el 89,22% cree que el Gobierno no consulta a los autónomos antes de aprobar medidas que les afectan, una sensación de exclusión que se traduce en desapego y cansancio.

El sistema de protección es otra de las quejas más comunes. El llamado paro del autónomo recibe una nota de 1,50 sobre 5, y siete de cada diez encuestados aseguran no tener ninguna confianza en poder acceder a él si lo necesitaran. “Si un sistema existe pero el destinatario no confía en él cuando más lo necesita, el problema no es de comunicación, es de diseño”, apunta Santiago.

FISCALIDAD IMPREDECIBLE

La fiscalidad aparece para el colectivo como un territorio especialmente hostil. Tres de cada cuatro entrevistados consideran que el régimen fiscal del autónomo no es claro ni predecible, y dos tercios creen que Hacienda no aplica los mismos criterios en todo el país. La consecuencia directa es el miedo: el temor a una inspección fiscal alcanza una puntuación media de 4,24 sobre 5, con más de la mitad reconociendo sentir “mucho temor”.

El 47,92% de los gestores detecta que parte de sus clientes autónomos abandona la actividad para pasar a ser trabajadores por cuenta ajena, mientras que un 8,33% opta por convertirse en funcionario, buscando estabilidad y certidumbre.

De los autónomos que abandonan, el 43,75% señala éstos directamente dejan de trabajar, incapaces de sostener la carga administrativa, fiscal y emocional del sistema actual. Y aunque minoritario, un 14,58% reconoce que parte de sus clientes acaba desplazándose hacia la economía sumergida, no por vocación, sino como respuesta defensiva ante un entorno percibido como hostil.

En paralelo, la preocupación por el futuro se acentúa. Casi la mitad de los gestores (49,70%) considera que menos del 25% de sus clientes alcanzará una jubilación razonable, entendida como una pensión igual o superior a 1.200 euros mensuales. Otro 30,91% sitúa ese porcentaje entre el 25% y el 50%, lo que significa que ocho de cada diez autónomos no llegarán a una pensión suficiente.

Esta precariedad se ve reforzada por la edad estimada de jubilación: solo un 7,23% cree que podrán retirarse entre los 60 y 65 años, mientras que más del 76% retrasa ese horizonte hasta los 66 años o más, e incluso uno de cada cuatro afirma que muchos trabajarán “hasta que puedan”.