Así lo desvela una encuesta realizada por Facua-Consumidores en Acción entre el 15 de enero y el 6 de febrero y en la que participaron 3.252 consumidores de toda España, según precisó este martes la entidad en un comunicado.

Según los resultados, sólo el 11,5% de los participantes estima que la medida ha “beneficiado” a su economía, el 9,8% cree que lo ha hecho “levemente” y un 1,7% entiende que se ha visto “beneficiada mucho”.

La fijación de precios máximos en los alimentos básicos es la opción “más reclamada” por los consumidores para “hacer frente a los altos precios en estos productos”.

Asimismo, preguntados sobre con qué medida creen que el Gobierno “beneficiaría más a los consumidores ante las subidas de precios de los alimentos”, el 47,5% de los encuestados eligió la opción de la fijación de topes a los precios, “muy por delante del resto” y 13 puntos por encima que en diciembre de 2022, cuando la asociación lanzó una primera encuesta que incluía esta misma pregunta.

En segunda posición, se encuentra la opción de bajar “aún más” el IVA a los alimentos básicos, con un 16,3% de los usuarios que defendieron que “sería lo más adecuado”, cuando hace poco más de un año esta medida había sido elegida por un 26,5% de los participantes.

A continuación destaca la opción de imponer impuestos a los grandes establecimientos por sus ”beneficios extraordinarios”, escogida por un 13,7% de los consultados, mientras que el 6,2% preferiría imponerlos a las grandes marcas de alimentación.

Por su parte, un 5,6% de los consumidores se decantó por entregar un cheque a las familias con menos recursos como medida “más beneficiosa ante las subidas de precios de los alimentos”.

LA LEY

A la luz de estos resultados, Facua insistió en que la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, de 1996, “permite al Gobierno aplicar precios máximos a los alimentos básicos para evitar la especulación y el perjuicio a los consumidores”.

En este punto, subrayó que el artículo 13, relativo a la libertad de precios, señala que “el Gobierno del Estado, previa audiencia de los sectores afectados, podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos, así como someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa”.

“Una capacidad que está prevista en varios supuestos, entre ellos cuando se trate de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas y excepcionalmente y mientras persistan las circunstancias que aconsejen la intervención, cuando, en un sector determinado, se aprecie ausencia de competencia efectiva”, abundó.

En este contexto, volvió a denunciar la “pasividad” del Ejecutivo central ante las subidas de precios en la “mayoría” de alimentos afectados por la rebaja del IVA, que, según el real decreto-ley por el que se aprobó la medida “no pueden ser objeto de aumentos en los márgenes de beneficio”.

Por último, hizo hincapié en que lleva “meses reclamando” al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 la apertura de una investigación por la que se requiera a las principales cadenas de distribución información sobre los “motivos” de las subidas de “numerosos” alimentos y, “en caso de no acreditar la ausencia de incrementos en sus márgenes, les abra expedientes sancionadores”.