Según informó este sábado la Jefatura Superior de Policía de Aragón, las empresas implicadas no cotizaban a la Seguridad Social, presentando un descubierto por impago de cuotas de 1.500.000 euros. La operación policial, denominada "Isabel", continúa abierta y no se descartan más detenciones.

Las investigaciones comenzaron tras detectar la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección Provincial de Trabajo de Zaragoza a principios de año la existencia de una serie de empresas, un total de 20 (en su mayoría personas físicas), gestionadas por rumanos, en las que había continuas altas y bajas de trabajadores sin que existiera una actividad laboral real, y que tenían deudas con la Seguridad Social.

La investigación determinó que estas empresas habían incumplido sistemáticamente y desde el inicio de su actividad la obligación de cotizar a la Seguridad Social, presentando descubiertos por impago de cuotas por un total de 1.500.000 euros aproximadamente, y no habían presentado ante la Agencia Tributaria declaraciones de operaciones con terceros.

Estas empresas, que declararon en el momento de su inscripción actividades de construcción, servicios de limpieza, taller mecánico y hostelería, que en ningún caso habían realizado, dieron de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a un total de 632 trabajadores, de los que 163 percibieron prestaciones o subsidios por desempleo del INEM y en algunos casos prestaciones por incapacidad temporal de la Seguridad Social.

Según la Jefatura, han sido citados más de 220 personas que figuraron de alta en las empresas, entre ellos los preceptores de prestaciones y subsidios. También han prestado declaración los gestores de los "supuestos empresarios" que hacían los contratos, nóminas, partes de alta y baja y certificados de empresa, que no están implicados, ya que sólo confeccionaban los documentos que les encomendaban dos personas que decían representar a las empresas (G.A.D., rumano conocido como Jorge, y R.H., marroquí).

Al parecer, según la policía, las altas eran tramitadas a cambio de dinero que pagaban los trabajadores y que oscilaba entre los 280 y los 400 euros, que eran entregados a los dos responsables antes señalados, si bien existe algún caso en que los pagos ascendieron a 13.000 euros, entre los que se incluía la gestión del visado, contrato de trabajo, altas en varias empresas para obtener la regularización y las prestaciones por desempleo.

De los 99 detenidos, 94 de ellos (trabajadores que percibieron prestaciones por desempleo) tras prestar declaración en dependencias policiales fueron puestos en libertad con cargos y, los 5 restantes, titulares de otras tantas empresas, han pasado a disposición judicial.