La ley apuesta por la guarda compartida de los hijos en caso de separación, sin perjuicio de que, en algunos casos, por interés del menor, se pueda atribuir la guarda a uno de ellos.

Además, establece la obligación del padres de hacer saber al hijo adoptado que lo es y de hacerlo antes de que cumpla los 12 años, regula el derecho de los adoptados de ser informados de su origen, y los faculta, a partir de la mayoría de edad, a "ejercer las acciones que conduzcan a averiguar la identidad de sus progenitores biológicos, lo cual no afecta la filiación adoptiva".

La iniciativa ha sido aprobada con los votos favorables de los tres grupos que apoyan al gobierno y el rechazo de CiU y el PPC, y aborda una profunda modernización y adaptación de la legislación actual a los cambios que se han producido a la sociedad y a las características de las familias actuales.

La consejera de Justicia, Montserrat Tura, subrayó la importancia de una ley que regula un tema "muy complejo", y enumeró colectivos que se beneficiarán, como, por ejemplo, las personas con enfermedades degeneratives o disminuciones y el suyos familiares, los menores y las nuevas modalidades de familia, puesto que " ampara todas las tipologías, sin ningún matiz".

También apuntó que regulando el código civil catalán "no hacemos otra cosa que desarrollar nuestras competencias de autogobierno y aplicar el estatuto del 2006".