Esta medida, que ya se hizo efectiva para el colectivo docente de la escuela pública el pasado 1 de junio, responde al cumplimiento de la aplicación de la Ley 6/2010 aprobada por el Parlamento de las Islas Baleares para la adopción de medidas urgentes para la reducción del déficit público.

Esta ley fue aprobada en aplicación de las propuestas dictadas por el Gobierno central con el objetivo de reducir la deuda del Estado español.

La ley 6/2010 prevé en su artículo 2 la aplicación de una reducción global del 5% a las retribuciones de personal en Baleares o de cualquier entidad del sector público, es decir, todos los trabajadores de la administración, empresas y centros sostenidos con fondos públicos.

En el caso de la Educación, esto afecta tanto los centros públicos como concertados.