El PP citó a Aagesen después de que un informe de la UCO señalara que podría haber intervenido en la autorización de una licencia para la empresa Villafuel, a pesar de irregularidades financieras detectadas en la tramitación del expediente por parte de funcionarios del Ministerio. La trama defraudó supuestamente 182 millones en IVA con petróleo venezolano, algo por lo que también están siendo investigados José Luis Ábalos, Aldama y Koldo García.

Aagesen subió a la tribuna de la Cámara Alta con un tono sobrio y tranquilo que contrastó con el de la titular de Hacienda, María Jesus Montero, que unos minutos antes fue mucho más combativa. Ambas coincidieron en el principio de "tolerancia cero con la corrupción" y denunciaron que cómo la oposición utiliza "la desinformación" como "estrategia política". Aagesen, además, subrayó que "nunca jamás he beneficiado a ninguna empresa ni a ningún particular".

"Tolerancia cero con la corrupción y con el que se comporta de manera injusta y perjudica a quienes cumplen la ley. Así hemos actuado y así vamos a seguir actuando", dijo. "Nunca, jamás he beneficiado a ninguna empresa ni a ningún particular. Siempre con la ley, siempre con el interés general, siempre con transparencia y participación. Y siempre persiguiendo y sancionando las conductas que son ilícitas", añadió en su primera intervención.

Aagesen se limitó a repasar las acciones del Gobierno contra la corrupción y llegó a dedicar 11 de los 27 minutos de su turno inicial a defender la necesidad de su Ministerio y la lucha contra el cambio climático, así como a denunciar los discursos de odio contra los meteorólogos. Sin embargo, ante las acusaciones de PP y Vox, y las críticas de sus socios -el PNV, por ejemplo, le advirtió de que "no vale defenderse apuntando a corrupciones del PP-, entró en materia en su réplica.

CRONOLOGÍA

En primer lugar, aclaró que no ha habido ningún registro en las dependencias de su Ministerio, sino que la Guardia Civil fue "exclusivamente" a por el expediente de Villafuel y que su cartera brindó "la máxima colaboración". Y después negó "tajantemente" que su cartera "haya dado ningún trato de favor a Villafuel" y relató la cronología del caso que investiga la Justicia.

Según Aagesen, el Ministerio recibió el 13 de enero de 2021 la solicitud de inicio de actividad como operador al por mayor de la empresa, que fue rechazada el 9 de diciembre de ese mismo año al "no lograr acreditar la capacidad financiera" exigida. Villafuel presentó un recurso de reposición que fue desestimado. Pero en julio del 2022, volvió a presentar la solicitud y "esta vez" sí acreditó los requisitos técnicos y los financieros.

Por ello, en el mes de septiembre de 2022, "se da traslado" a la CNMC y a Cores para el inicio de actividad de Villafuel "más de 600 días después del inicio del procedimiento", lo que a juicio de Aagesen demuestra que no hubo "trato de favor", dado que la media para resolver este tipo de solicitudes es de 230 días.

El Ministerio continuó "haciendo y asegurando el cumplimiento de las obligaciones una vez presentada esa documentación" y, tras detectar "un desvío de ventas" y "no de requisitos financieros", su cartera "tuvo constancia de un posible fraude" y abrió una investigación a la compañía, que no respondió a los requerimientos del Ministerio. Por este motivo, se optó por su inhabilitación temporal en octubre de 2024, que se convirtió en definitiva en 2025.

NIEGA "PRESIONES"

"Jamás recibí ninguna presión con este expediente ni con ningún otro, jamás", concluyó Aagesen. "Y no tengo ningún conocimiento ni existe ningún indicio de que se trasladara ninguna presión a las unidades responsables de la tramitación del expediente que dependían de la Secretaría de Estado de Energía".

"Pero les digo más: jamás me he reunido ni he tratado con ninguno de las personas investigadas por el caso Villafuel. Por lo tanto, le puedo trasladar que confío plenamente en el trabajo de la Justicia", zanjó la vicepresidenta, que dio por probada su inocencia en sede parlamentaria.

Aagesen expresó así su deseo por que "pronto queden aclaradas todas las dudas que puedan existir en relación con la tramitación de este expediente", y llamó a los grupos parlamentarios a apoyar una proposición de ley para blindar al Estado frente a fraudes del IVA de hidrocarburos como el que presuntamente cometió Villafuel.

No informó, sin embargo, del 'caso Forestalia' a pesar de que se lo reclamaron hasta sus socios de Gobierno. En estos momentos, están bajo el foco de sospecha permisos ambientales presuntamente irregulares y subvenciones por valor de 17,3 millones vía Sepides, más otros 200.000 euros en comisiones. En paralelo, funcionarios denuncian externalizaciones a Tragsa y favoritismos en adjudicaciones.