Según se sostiene en un informe entregado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Servimedia, la "infiltración habría sido vehiculada a través de Víctor de Aldama" con el objetivo de "influir en la resolución administrativa" para otorgar a Villafuel la autorización como operador mayorista de hidrocarburos.

El Instituto Armado indica que dicha influencia fue canalizada a través del asesor de Ábalos, Koldo García Izaguirre, quien "mantuvo contactos directos con distintos responsables ministeriales" del Ministerio de Industria y del Ministerio de Transición Ecológica. Por su parte, De Aldama "intermedió con el director general de la Dirección General de Política Energética y Minas".

La investigación ha permitido obtener "indicios bastantes que apuntan a una posible penetración de la organización criminal" en tres ministerios, todo ello "a cambio de una contraprestación económica" y pese al "incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos" por parte de Villafuel para operar en el mercado mayorista de hidrocarburos.

CHALET DE 585.000 EUROS

La Benemérita apunta que el empresario Claudio Rivas "formalizó el pago de la contraprestación a Ábalos mediante la entrega del chalet" de La Alcaidesa, que adquirió por 585.000 euros. El entonces titular de Transportes "dispuso materialmente de la vivienda, la disfrutó e incluso intentó su aprovechamiento económico" bajo un contrato de arrendamiento "cuyas cuotas no fueron satisfechas".

La adquisición del inmueble se produjo "tras un proceso de búsqueda y selección de una propiedad que se adecuara a las preferencias personales del ministro", proceso en el que "intervino activamente su asesor Koldo García".

El informe apunta que fue el 13 de enero de 2021 cuando Koldo "reenvió a Víctor de Aldama el enlace a la oferta de venta del inmueble", evidenciando que "fue la que eligió el ministro".

El 17 de junio de 2021, Rivas "puso a disposición del ministro la referida propiedad", estando "convencido de que obtendrían la autorización de operador mayorista". La correlación entre ambos hechos fue percibida en su entorno como una "relación directa de causa-efecto", circunstancia que fue verbalizada como "hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito".

Consta acreditado que Ábalos "disfrutó de la propiedad de forma continuada hasta el 26 de noviembre de 2021", última fecha en la que se conoció que estuvo en ella. Transcurridos dos meses desde su cese y ante la falta de concesión de la autorización, Rivas ordenó la redacción de una demanda de desahucio contra el exministro.

292.000 EUROS A ALDAMA

La UCO acredita que De Aldama percibió 292.416 euros "como pago por su intermediación con el ministro en favor de los intereses de la presunta organización criminal". El primer pago se realizó el 15 de junio de 2021, cinco días después de la compra del chalet, por importe de 181.500 euros, seguido de una segunda transferencia el 19 de julio por 110.916 euros.

Ambas operaciones se realizaron "bajo la cobertura formal de un contrato de prestación de servicios" firmado entre las empresas Have Got Time SL y MTM 180 Capital SL, administrada por De Aldama. Posteriormente, ya integrado en la organización criminal, el investigado percibió otras cantidades adicionales, según el informe policial.

La UCO revela que el 19 de diciembre de 2020 Rivas solicitó a De Aldama que "mediara con el ministro José Luis Ábalos" para que "ejerciera su influencia" en las instancias ministeriales encargadas de tramitar la autorización de Villafuel.

Ese mismo día, De Aldama les aseguró que "la gestión resultaría fiable y de fácil ejecución", condicionando su intervención al conocimiento de "la cuantía económica que recibiría".