Ábalos está citado a las 10.00 de la mañana y García a las 12.30 porque su abogado tiene que asistir antes a la declaración del empresario Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional. La vista de cautelares ha sido solicitada por la Fiscalía, que pedirá su agravamiento, aunque por el momento se desconoce si solicitará prisión provisional. El PP, que ejerce la acusación popular, sí pedirá prisión provisional para ellos por riesgo de fuga.

En la actualidad ambos tienen fijadas comparecencias quincenales ante el juzgado, tienen retirado el pasaporte y prohibida su salida del país. Ahora, las altas penas que solicita la Fiscalía para ellos (24 años para el exministro y 19,5 para su asesor) podrían aumentar el riesgo de fuga, lo que habría motivado la petición de Anticorrupción.

La entrada en prisión preventiva no es la única opción en la vista. El fiscal podría pedir comparecencias ante el juzgado más frecuentes o prisión eludible bajo fianza, que es una garantía reforzada de que el reo no va a fugarse. La decisión la tomará el juez Leopoldo Puente después de la vista.

Ábalos ha venido sosteniendo que no tiene fondos ocultos en el extranjero y que, en su situación actual, no podría hacer frente al pago de una fianza elevada. Su defensa esgrimirá que ha venido cumpliendo las medidas cautelares que le fueron impuestas y que si hubiera tenido una fortuna oculta ya se habría fugado para eludir la acción de la Justicia. Además, señalará que tiene un acreditado arraigo en España.

Además, su defensa sostiene que Ábalos tiene varios recursos interpuestos y sin resolver, por lo que un pronunciamiento del juez sobre las medidas cautelares que se le aplican serían irregular.

Anticorrupción atribuye a Ábalos y Koldo delitos de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Solicita 24 años d de prisión para el exministro y 19,5 para García junto a una multa de 3,9 millones y una indemnización de más de 40.000 euros para las empresas públicas Ineco y Tragsatec por la colocación en ellas de la expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, que cobró sin trabajar.

Por su parte, el considerado como conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, se enfrenta a una petición de siete años de cárcel, mucho menor que las demás por su colaboración con la Fiscalía en este caso.

Este miércoles, además, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha requerido al PSOE que facilite la relación de pagos en metálico y documentos en los que se soportan durante los mismos entre los años 2017 y 2024.

El juez hace el encargo a la UCO por entender que se "han puesto de manifiesto una serie de conductas de blanqueo de capitales, un desfalco cometido contra el partido" a cargo de José Luis Ábalos y Koldo García que podrían haber blanqueado ingresos irregulares a través de los pagos en metálico de su formación política.