Ábalos centra una buena parte de su amplio escrito en dar respuesta a las acusaciones que hace la Guardia Civil por su relación con la fundación Fiadelso, que considera un activo en su patrimonio personal.

A ese respecto, el exministro esgrime que dados los “rasgos que caracterizan el régimen jurídico de las fundaciones no pueden incorporarse los vínculos de colaboración voluntaria y gratuita que haya podido tener con esta fundación como parte de ningún 'patrimonio nominal' ni como parte de ninguna sociedad”.

El escrito desvincula a Ábalos de cualquier tipo de actividad lucrativa relacionada con la citada fundación y exculpa a su hijo de cualquier actividad que pudiera salpicarle.

Su representante legal dice literalmente que el exministro “nunca recibió retribución alguna por parte de Fiadelso, más bien ha contribuido con aportaciones económicas personales a la misma y con la cesión del uso de un inmueble cuya propiedad tiene compartida con otras personas”.

Ábalos insiste en que está siendo objeto de una “investigación prospectiva y una causa general” que no sólo trata de proyectar “la idea de negocios encubiertos” sino también “cuestionar su compromiso con determinados valores” investigando “toda su vida”.

En el caso de la fundación Feadelso, se pone en cuestión la vocación de Ábalos para “con la solidaridad internacional así como el desempeño profesional que haya podido desarrollar en el ámbito de la cooperación internacional".

Insiste el escrito en que la UCO describe propiedades inmobiliarias y de vehículos “maliciosamente” provocando “una nueva filtración a la prensa” que, a su juicio, constituye “una revelación de secretos con el propósito de contaminar la instrucción”.

En este punto, los abogados de Ábalos recuerdan que los investigadores citaron en su informe la compra de un chalé con terreno en Colombia en 2003, cuando en realidad se trataba de una parcela “sin construcción alguna” que vendió en 2013 “en el mismo estado”. El informe policial adjuntaba la fotografía de una casa en construcción que, en realidad, estaba en el terreno colindante.

Y también insiste en que la UCO se equivocó de divisa al asignar a esa parcela un valor de 2,1 millones de euros al confundir pesos colombianos con dólares estadounidenses. Este error fue admitido por los investigadores. Pero Ábalos considera que hay una “sofisticada y aviesa intencionalidad” en esa información.