“Estamos haciendo lo correcto y estamos haciéndolo legalmente porque los discriminados son los españoles”, defendió en una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia. “Lo ilegal”, prosiguió, “es que los españoles estén discriminados en España como ocurre actualmente, y nosotros vamos a hacer un trabajo técnico muy detallado en todas esas regiones para que los españoles no padezcan esa discriminación”.

Es decir, que Vox pretende plasmar la “prioridad nacional” también en Aragón, Castilla y León. Y, si las urnas se lo permiten, en Andalucía, donde ya está haciendo campaña con esta cesión del PP.

Abascal considera que esta medida es de “sentido común”, aunque intentó compatibilizar su discurso con un mensaje de agradecimiento a los extranjeros que aportan al Estado. Y es que, según dijo, el debate público “confunde prioridad con exclusión”.

“No se pretende excluir a nadie, lo que se pretende es que los españoles no estén discriminados y que estén en primer lugar en España de sentido común. ¿Quién está en primer lugar en Marruecos? Pues los marroquíes. ¿Quién está en primer lugar en otros países? Pues los nacionales. Lo que no es de recibo es que en España y en otras naciones occidentales en el último lugar estén los españoles y los europeos”, señaló.

En su opinión, “los españoles ya no son iguales ante la ley y están discriminados por los extranjeros” por culpa de “los políticos españoles, que les han colocado en una situación de discriminación” al favorecer, con el sistema actual de reparto de ayudas, al inmigrante “que nos decían que venía a trabajar, que venía a pagarnos las pensiones, pero que en realidad están en engrosando las listas de las ayudas sociales y de la asignación de vivienda pública”. En Extremadura, el porcentaje de extranjeros es del 4,4%, según el INE.

RESPUESTA A GÉNOVA

Ante los reparos expresados por barones del PP como la madrileña Isabel Díaz Ayuso o el andaluz Juanma Moreno, Abascal expresó su satisfacción porque han dejado claro “que se oponen claramente” a una medida que, en su opinión, comparte “la mayoría” de sus votantes y de los españoles.

Y con respecto a la interpretación opuesta que hace el del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de la prioridad nacional, remarcó que Vox ha llegado a un acuerdo con la presidenta autonómica, María Guardiola, mientras Génova ponía “zancadillas” en las conversaciones.

No obstante, la propia Guardiola afirmó ayer que cumplirá el acuerdo “palabra por palabra” al margen de las “interpretaciones interesadas y las consignas” de unos y otros, y garantizó que cumplirá la ley.

LA LETRA PEQUEÑA

Lo que establece la literalidad del pacto es que para el acceso a la vivienda se exigirá el “empadronamiento histórico en Extremadura” de hasta 10 años en la compra, frente a los tres actuales.

A partir de ahí, se valorará positivamente y sin ser un criterio eliminatorio -también para las prestaciones públicas- “la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio”, “la trayectoria de cotización y actividad laboral”, “la existencia de familiares de primer grado residiendo” en la comunidad, “así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región”.

En otras palabras, la “prioridad nacional” no aparece desarrollada como una preferencia explícita por la nacionalidad española, sino como una etiqueta –exigida por Vox y aceptada por el PP– que, en realidad, beneficia a quienes puedan acreditar un arraigo “real, duradero y verificable” con Extremadura, no con España, según la literalidad del propio acuerdo. Vox defiende que estas medidas garantizan que el español irá “primero”.