Publicado en la web del Ministerio, el borrador podrá recibir aportaciones hasta el 31 de marzo. En concreto, el texto destaca que este sello es un distintivo público del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que se concederá a empresas públicas y privadas, personas trabajadoras por cuenta propia, autónomos y fundaciones empresariales que desarrollen actuaciones dirigidas a mejorar el tránsito de las personas beneficiarias del IMV desde una situación de pobreza o riesgo de exclusión a una participación activa en la sociedad.

La ley que estableció el IMV preveía, de hecho, su regulación reglamentaria, a fin de impulsar la implicación de la sociedad en un sistema de incentivos a la inclusión social.

El logotipo del sello viene recogido en uno de los anexos del real decreto y, al igual que la propia acreditación, se considera propiedad del Ministerio de Inclusión. El sello contempla distintas modalidades, en función del ámbito en que se desarrollen las intervenciones por él reconocidas: Acceso a Bienes y Servicios, para iniciativas dirigidas a facilitar el acceso a bienes y servicios básicos a los beneficiarios del IMV; Apoyo a la Infancia y la Adolescencia, enfocada a mejorar las oportunidades de los niños, niñas y adolescentes para que crezcan en entornos seguros y aumentar las capacidades de la comunidad educativa; Inserción Sociolaboral, para aquellas Actuaciones que buscan facilitar el acceso al mercado laboral de los destinatarios del IMV, y digitalización, dirigido a iniciativas que fomenten el acceso y uso de las nuevas tecnologías y a la mejora de las capacidades digitales de los destinatarios.

La certificación podrá solicitarse y obtenerse en varias modalidades, por un plazo de tres años. Las entidades que obtengan el sello de inclusión social podrán utilizarlo con fines publicitarios.

Además, el Ministerio se compromete a difundir sus actividades y buenas prácticas en congresos y jornadas, y a incorporar criterios cualitativos en los procesos de adjudicación de contratos públicos.

En principio, aquellas empresas y organizaciones que opten a este sello deberán presentar una memoria con las actividades realizadas y las personas destinatarias que se han beneficiado de ellas, aunque se habilitará otro procedimiento para la concesión a priori, en el que será necesario justificar las acciones previstas y el impacto esperable.