Según informa el Ejecutivo autonómico, dicha norma indica, además, los requisitos de acceso a cada una de las prestaciones y distingue entre las que tienen carácter garantizado, es decir, que van a poder ser exigidas a las administraciones públicas por parte de la ciudadanía, y las que no lo poseen.

Asimismo, en la cartera no sólo se van a regular las prestaciones del ámbito de la dependencia, sino que también se van a recoger las de otros ámbitos de los servicios sociales, como la atención a las personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, a los menores en situación de desprotección o conflicto social o en riesgo de estarlo y a las víctimas de violencia de género.

En rueda de prensa, la consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, María Isabel García Malo, explicó que el proyecto supone el punto de partida para configurar un sistema público de servicios sociales de garantía de derechos, que deja atrás el sistema social asistencialista.