A través de un vídeo y mensajes tanto en su página web como en sus redes sociales, la Abogacía pone el foco en que cada vez surgen más páginas en internet que difunden promesas como "cancela tus deudas con la segunda oportunidad" o "evitamos tu desahucio". Sin embargo, alerta de que "detrás de estos mensajes puede esconderse algo más que simple publicidad agresiva".

Si bien pone de relieve que la "proliferación en los últimos años de plataformas dedicadas a captar clientes en materia de segunda oportunidad" no es un hecho negativo porque permite que muchos ciudadanos "conozcan un mecanismo legal que hasta hace poco era desconocido", sí que hace hincapié en que "el problema surge cuando algunas de estas empresas traspasan los límites de la legalidad y la ética profesional".

Es la idea que se desprende de la advertencia que hace el Grupo de Trabajo sobre la protección del profesional de la abogacía frente a las plataformas digitales del Consejo General de la Abogacía, desde el que señalan que muchas plataformas "utilizan datos falsos, legislación derogada o promesas imposibles de cumplir", además de "honorarios poco transparentes o desproporcionados que denigran la profesión”.

Así, denuncian que han detectado “actuaciones desleales que se aprovechan de las personas más vulnerables", especialmente aquellas "endeudadas" que buscan acogerse a esa segunda oportunidad, uno de los ámbitos en los que más prácticas de este tipo han detectado, aunque no el único, haciendo referencia también a asuntos relacionados con los desahucios, los divorcios o, más recientemente, la regularización de migrantes recién aprobada por el Gobierno. En todos ellos, inciden, prometen "falsas garantías de rapidez o éxito".

"La situación ha encendido las alarmas", señalan tajantes tras apuntar prácticas como la "captación de clientes mediante falsedades" o la "oferta de servicios con condiciones poco claras". Pero también "casos más graves", como "estafas, cobros indebidos o suplantación de identidad".

Pero, sobre todo, señalan como uno de los principales "focos de preocupación" el intrusismo profesional, ya que han comprobado que, en muchos casos, "quienes ofrecen estos servicios no son abogados colegiados, sino asesores que operan más allá de lo permitido por la ley". Ante esto, avisan: "Si evitan reuniones presenciales, no atienden llamadas, no facilitan copia de documentos o presionan para realizar pagos urgentes, son señales claras de alerta".

"USO DEL MIEDO"

"El uso del miedo como herramienta publicitaria es otra práctica habitual", subrayan desde la Abogacía, alertando de los "mensajes alarmistas que apelan a la urgencia o a la desesperación económica" con los que estas plataformas "buscan captar a personas en situación de vulnerabilidad". Y recalcan que este fenómeno "se agrava" porque los ciudadanos "contratan servicios sin leer o sin comprender las condiciones".

De ahí que dejen claro que las “trampas” de internet "no solo afectan al bolsillo", sino también a "derechos fundamentales", porque el uso de "algoritmos para perfilar a los usuarios", la "exposición a ciberataques" o el "acceso indebido a datos personales" son "riesgos reales en un entorno digital cada vez más complejo".

En este sentido, Jesús Pellón, miembro de este Grupo, aprovecha para dejar claro que el código deontológico de la Abogacía Española establece que la relación entre abogado y cliente "debe basarse en la confianza, sin aprovecharse de situaciones de especial vulnerabilidad". Además de prohibir prácticas como "utilizar a los clientes con fines publicitarios o prometer resultados que no pueden garantizarse". “No toda deuda puede ser exonerada”, subraya tajante mientras añade: "Nunca he dicho a un cliente 'este caso lo vamos a ganar seguro'". Porque, remarca, "garantizar el resultado no es una buena práctica profesional”.

Así, los abogados colegiados dan la voz de alarma y, ante "el auge de estos servicios", ponen de manifiesto la "necesidad de reforzar la información y la protección del cliente". "En un entorno donde las soluciones rápidas y los mensajes atractivos abundan, la prudencia sigue siendo la mejor defensa", zanjan.

Es por ello que instan a los ciudadanos a "acudir siempre a un abogado" colegiado, porque “el ejercicio de la abogacía está sujeto a garantías". De hecho, recomiendan que, ante cualquier duda sobre la persona que ofrece un servicio y para "evitar caer en este tipo de engaños", verifiquen si está colegiada, por ejemplo, en el censo oficial de la página web de la Abogacía. "Si no figura ahí, desconfíe", sentencian.