El colapso del sistema de cita previa, que también es frecuente en otros trámites relacionados con los procesos de documentación de ciudadanos extranjeros, imposibilita a las personas que desean formalizar su petición de protección internacional comenzar el trámite lo que, de hecho, les priva de derechos fundamentales.

Entregar su solicitud les autoriza a permanecer en España hasta que su expediente se ha resuelto, a obtener asistencia letrada gratuita para disponer del asesoramiento necesario para que su petición progrese, a contar con intérprete cuando tiene una entrevista con funcionarios, a que se informe a la oficina de Acnur en España, a obtener la documentación que le acredita con solicitante de protección internacional, a recibir asistencia sanitaria si fuera preciso y a trabajar transcurridos seis meses desde que se presentó la solicitud aunque ésta no se haya resuelto.

Es eso la subcomisión de Extranjería considera que la imposibilidad de conseguir la cita y materializar la presentación de su solicitud sitúa a los demandantes de asilo en un limbo legal que, en la práctica, deja sin efecto sus derechos más elementales para vivir en España.

La situación de colapso del sistema de cita previa y la demanda de soluciones ha sido oficial y reiteradamente notificada al Ministerio del Interior por la Abogacía Española en tres escritos remitidos a la Secretaría de Estado de Seguridad con fecha 18 de mayo de 2023, 6 de julio de ese mismo año y 6 de marzo del presente 2024. El Ministerio ni tan siquiera ha contestado a las demandas planteadas en ninguno de los tres casos, denuncia la Abogacía.

La Policía Nacional desarticuló el año pasado una organización criminal que, mediante un bot, bloqueaba las demandas de trámites en materia de extranjería en webs oficiales para después vender las citas previas entre quienes las necesitaban para formalizar peticiones o renovaciones de documentación.

No obstante, los arrestos y el desmantelamiento de esta red no han solucionado los problemas que se arrastran durante años y que favorecen la existencia de un mercado ilegal de compra de citas, que tienen carácter gratuito, tal y como explica el propio Ministerio del Interior a través de sus diferentes páginas oficiales.

El problema no solo no se ha resuelto, sino que podría decirse que se ha agravado porque el paso del tiempo no hace más que agravar una situación en la que se acumulan el número de casos en los que los extranjeros se encuentran desamparados por una autoridad que incumple de forma flagrante sus obligaciones con los derechos de los más débiles.