La sentencia, señala la Abogacía, explica en el apartado de tipicidad de los hechos probados la importancia del protocolo y expresa cómo “sin confidencialidad el pacto de conformidad se aleja de su propia naturaleza y puede generar, en el caso de difusión, un irreparable perjuicio para el justiciable”.

Los magistrados que han emitido la sentencia entienden que tanto el Protocolo de Conformidad firmado con la Abogacía Española como la instrucción interna derivada del mismo en el seno de la Fiscalía “imponen al Fiscal un deber de confidencialidad, incluso cuando esa negociación (tendente a evitar la celebración del juicio) se sitúa en el vestíbulo del juicio oral”.

Además, añade que “banalizar el deber de confidencialidad que pesa sobre todos y cada uno de los miembros de la carrera fiscal, respecto de los acuerdos preparatorios de una conformidad, distancia de manera irreparable el proceso penal de sus fuentes legitimadoras”.

La exposición que llevan a cabo los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dice, viene a reforzar la demanda realizada por el Consejo General de la Abogacía Española, que ya cuando se produjeron los hechos reclamó de la Fiscalía General del Estado un diálogo para reforzar el protocolo y garantizar su cumplimiento.