El acuerdo busca proteger a los ciudadanos frente a prácticas engañosas, publicidad fraudulenta e intrusismo profesional que pueden afectar a su acceso a la Justicia. En ese sentido, las promesas de cancelar todas las deudas, los anuncios que garantizan el éxito de una reclamación o profesionales que aparentan ser abogados, pero que no están habilitados para ejercer, estarán en el punto de mira.

El objetivo de esta alianza el Consejo General de la Abogacía Española y la Asociación Española de Consumidores es reforzar la protección de los consumidores mediante la promoción de información veraz y el impulso de iniciativas que permitan identificar prácticas engañosas que pueden llevar a los ciudadanos a tomar decisiones con importantes consecuencias para sus derechos.

Para ello, el convenio contempla, entre otras actuaciones, la difusión de campañas de protección de los consumidores, la organización y celebración conjunta de jornadas divulgativas y el desarrollo de acciones de sensibilización orientadas a fomentar una información rigurosa y prevenir la desinformación sobre los servicios jurídicos.

La firma de este convenio da continuidad al trabajo que viene desarrollando Abogacía Española para alertar sobre el incremento de plataformas y operadores que utilizan publicidad engañosa, promesas imposibles de garantizar o mensajes que inducen a error sobre quién presta realmente los servicios jurídicos.

En muchos casos, estas prácticas afectan especialmente a personas que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad, como quienes buscan acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, afrontan un desahucio o necesitan asistencia jurídica en procedimientos de familia.

Entre los mensajes más habituales se encuentran aquellos que prometen resultados garantizados, soluciones inmediatas o la cancelación automática de deudas, así como la utilización de expresiones que pueden hacer creer al consumidor que está siendo asesorado por abogados cuando no siempre es así. A ello se suman prácticas que generan una falsa sensación de urgencia o que ocultan información esencial sobre los servicios contratados.

Más allá de la publicidad engañosa, estas situaciones pueden derivar en problemas mucho más graves, como el intrusismo profesional o la contratación de servicios sin las garantías que ofrece un abogado colegiado, cuya actuación está sometida a un estricto Código Deontológico.