Durante el encuentro sobre la próxima regulación de extranjeros, el Ministerio de Migraciones, el Ministerio de Justicia y la Abogacía resaltaron la importancia de la formación especializada y el respeto a los principios deontológicos en el ejercicio de los profesionales de la abogacía en este proceso, como garantía de la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Este marco de cooperación se materializará en la divulgación del proceso y la organización conjunta de jornadas informativas, mesas redondas y campañas dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de ofrecer información clara y accesible sobre el próximo proceso. La primera de estas jornadas está prevista para el mes de abril y marcará el inicio de una serie de acciones coordinadas que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses.

La reunión estuvo presidida por la vicepresidenta de Abogacía Española, Cristina Vallejo, acompañada por Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional de la institución, y por su secretario general técnico, Borja Vargues.

Por parte del Ministerio de Inclusión, estuvieron Santiago Hierba, director general de la Gestión Migratoria; Aitor Juara, director del Gabinete de la ministra de Inclusión; y Eva Martínez Montero, directora de Gabinete de la Secretaría de Estado de Migraciones. En nombre del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, asistió Samuel Meilán, asesor del Gabinete del ministro. El presidente de Abogacía Española, Salvador González, acudió al cierre de la reunión.

El Consejo General de la Abogacía Española, a través de Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional, hizo un llamamiento a las Administraciones Públicas para que “respeten y hagan respetar la participación efectiva de los profesionales de la abogacía en el desarrollo del proceso de regularización y reforzar los mecanismos de asistencia jurídica, especialmente para los colectivos más vulnerables, y combatan de forma activa cualquier forma de abuso que no respete el marco jurídico”.

El presidente de Abogacía recordó también que la regularización extraordinaria debe construirse sobre bases sólidas de legalidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos fundamentales. En ese objetivo, “la abogacía no solo es necesaria: es imprescindible. Sin abogacía, no hay garantías”.