La sentencia, de 233 páginas, está siendo analizada en detalle para fundamentar el escrito. La petición de nulidad se apoyará en el voto particular de las magistradas Susana Polo y Carmen Lamela que consideraron que no hay pruebas “suficientes para llegar a un juicio de culpabilidad, sin dudas razonables”

Estas magistradas consideran que la condena a García Ortiz supone una “vulneración del derecho a la presunción de inocencia", argumento que su defensa ya deslizó durante el juicio.

Las sentencias del Tribunal Supremo no son recurribles, pero existe la posibilidad de que Gacía Ortiz presente un incidente de nulidad, un procedimiento excepcional para impugnar resoluciones judiciales firmes que rara vez prospera porque es el propio Supremo el que lo resuelve. Su presentación podría materializarse a principios de 2026, dado que hay 20 días de plazo para su formalización.

Al margen de esa vía, el exfiscal general podría presentar recurso de amparo al Tribunal Constitucional si considera que durante el proceso se vulneraron sus derechos fundamentales. Tampoco es habitual que el Constitucional revoque una sentencia del Supremo, pero en los últimos tiempos hay ejemplos como la anulación de las condenas ratificadas por el TS a varios condenados por el fraude de los ERE, entre ellos los expresidentes socialistas de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

De no lograr su objetivo, García Ortiz también podría acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, para pedirle que verifique si las autoridades españolas han velado adecuadamente por los derechos y libertades.