Los servicios jurídicos del Gobierno hacen esta petición tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal que modifica la regulación de ambos delitos y pide que se le rebaje la pena de los 13 años que le impuso el Supremo en octubre de 2019 a siete, por el delito de desórdenes públicos agravados.

La abogada del Estado Rosa María Seoane entiende que la pena deber rebajarse por considerar que el delito de malversación en su nueva formulación debe aplicarse en concurso medial entre los desórdenes públicos agravados y la nueva redacción de este delito. En su argumentación insiste en que el desvío de fondos públicos no se hizo “con ánimo de lucro propio ni de terceros”, ni tampoco en “beneficio propio ni ajeno”, por lo que procedería la rebaja.

Esta interpretación de la aplicación del nuevo delito de malversación se contradice con la realizada por la Fiscalía y por el propio instructor del caso, el magistrado Pablo Llarena, que consideran que el delito se les debe aplicar en su forma agravada y que en el caso de Junqueras no supondría una revisión a la baja de su condena.

En aplicación de estos criterios anteriores, la Abogacía del Estado considera que las penas de inhabilitación impuestas por la sentencia deben revisarse a la baja de manera que para Junqueras quedaría en siete años; para los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, en seis años y nueve meses; para Joaquim Forn y Josep Rull en seis años y tres meses y para la expresidenta del Pralament, Carme Forcadell, en seis años. En el caso de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, considera que su inhabilitación debería rebajarse a cuatro años.

FISCALÍA

Por su parte, los fiscales del Tribunal Supremo que llevaron la causa del ‘procés’ también recurrieron la decisión del instructor, Pablo Llarena, y solicitaron que no se revisen las condenas de inhabilitación impuestas a varios líderes independentistas por malversación agravada. En concreto, se oponen a la revisión en el caso de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

Los dirigentes independentistas fueron condenados por los delitos de sedición y malversación por el Tribunal Supremo. Ambos delitos han sido revisados recientemente, pero los fiscales entienden que los hechos enjuiciados como malversación tienen cabida en el nuevo artículo 432 del Código Penal y alternativamente en el 432 bis, que establecen una horquilla de entre 10 y 20 años de inhabilitación absoluta.

Por ese motivo, entienden que deberían mantenerse las penas de 13 años de inhabilitación absoluta impuesta a Oriol Junqueras y de 12 años para Romeva, Turull y Bassa, puesto que los tramos que contempla la nueva norma son “idénticos” a los que les fueron impuestos en la sentencia de 2019 y que, por tanto, al no ser más favorable a los condenados, no debe revisarse.

Además, la Fiscalía defiende que en tras la reforma del delito de sedición la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell sea condenada a nueve años y dos meses años de inhabilitación por los delitos de desórdenes públicos y desobediencia (su condena inicial fue de 11 años y seis meses), mientras que para los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull pide ocho años y dos meses de inhabilitación por los mismos delitos, rebajando ls 10 años y seis meses a los que fueron condenados. En el caso de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, la Fiscalía quiere que se deje su condena en cinco años de inhabilitación por los desórdenes públicos agravados, rebajando le pena de nueves años a la que fueron condenados.

Además, los fiscales se oponen a la decisión del juez Llarena de no atribuir el nuevo delito de desórdenes públicos agravados a los procesados huidos, entre los que destaca el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont.