El representante de la Abogacía del Estado Manuel Pacheco hizo esta petición en la vista que la Sala Especial del Tribunal Supremo celebró esta tarde para escuchar a las partes antes de decidir sobre las medidas cautelares solicitadas en la demanda de ilegalización de ANV.

En esta vista no comparecieron los abogados de ANV, quienes informaron al Alto Tribunal a través de un fax de que para ellos no tenía sentido su celebración después de que esta mañana el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretase la suspensión de actividades de su formación, así como la de PCTV.

Además de que la suspensión de actividades abarque a los grupos municipales, extremo no contemplado en la decisión de Garzón, Pacheco solicitó que el bloqueo de las subvenciones y de los caudales públicos afecte también a los 377 concejales que ANV tiene en el País Vasco y Navarra, así como a los representantes que el partido tiene en las juntas generales en Vizcaya y Álava.

Para Pacheco, que se incluya a los grupos municipales sería "una consecuencia lógica" de la suspensión de actividades al partido político.

"Si un partido político es un instrumento potente en manos de ETA, más aún lo será cuando participa en las administraciones públicas", argumentó el abogado del Estado.

El fiscal ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, quien coincidió en todo lo demás con el abogado del Estado, discrepó en este punto con Pacheco al considerar que la Ley de Partidos tan sólo contempla la ilegalización de partidos políticos, "como su propio nombre indica" y no la de grupos municipales.

Además, aseguró que si se traslada la doctrina del Tribunal Constitucional al ámbito municipal, los partidos políticos y los grupos municipales son realidades jurídicas distintas y, por lo tanto, no puede aplicarse la suspensión de actividades de un partido a sus concejales electos en los ayuntamientos.

NUEVAS PRUEBAS

Además, al final de su intervención ante la Sala Especial,Narváez solicitó que se incluya como prueba contra ANV un informe elaborado esta misma semana por la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la relación del presunto etarra Asier Bengoa, detenido junto con Saioa Sánchez tras su participación en el asesinato de dos guardias civiles en Capbreton (Francia), con ANV.

El fiscal explicó que dicho informe detalla que Bengoa, además de haber sido candidato a las elecciones por parte de Herri Batasuna en 1995, actuó como interventor de ANV en las elecciones municipales de mayo de 2007.

Por otro lado, el abogado del Estado aseguró que, sólo tras la detención de la Mesa Nacional de Batasuna en Segura (Guipúzcoa), en octubre de 2007, se tuvieron las pruebas necesarias para instar la ilegalización de ANV y PCTV.

Pacheco reiteró las principales pruebas que constan contra ANV: participación de Batasuna en las candidaturas de ANV en las municipales de mayo de 2007, las instrucciones de la formación ilegalizada indicando que decir tras un atentado de ETA, la existencia de una caja común y la financiación de sus actividades.

La Abogacía del Estado cree "absolutamente necesario" que se impida la concurrencia de ANV a las próximas elecciones generales para impedir "que ETA intervenga en la vida pública"

"Permitir que forme parte de los procesos electorales es un atentado contra los intereses generales", aseguró por último Pacheco.

PREVALECE EL INTERÉS GENERAL

Por su parte, Narváez defendió que, a pesar de que el juez Garzón haya decretado ya la suspensión de las actividades de ANV por la vía penal, la Sala Especial del Tribunal Supremo "es soberana para adoptar las medidas cautelares solicitadas".

También argumentó que el interés general debe prevalecer sobre los posibles perjuicios "irreparables" que la adopción de las medidas cautelares solicitadas podría acarrear a ANV al impedir que esta formación concurra a las elecciones.

Tras la celebración de esta vista, los 16 magistrados de la Sala Especial, encabezados por el presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, se reunieron a puerta cerrada para deliberar sobre las medidas cautelares solicitadas en las demandas de ilegalización de ANV y PCTV.

Estas medidas cautelares que la Sala Especial deberá decidir si impone o no son la suspensión de las actividades de las formaciones, así como del derecho a presentar candidaturas para las próximas elecciones, el bloqueo de sus cuentas, la paralización de los caudales públicos que reciben y el embargo de sus sedes.

Se espera que el tribunal adelante el fallo de su decisión esta misma noche, aunque no se ha podido concretar la hora en que hará pública su decisión.