Así se pronunciaron ambas en la Comisión de Justicia del Senado, donde intervinieron a petición del PP para informar a los senadores sobre cómo ha afectado a los procesos de familia la entrada en vigor de esta norma hace poco más de siete meses. Y su balance fue muy similar: los MASC están generando "retrasos", "inseguridad jurídica" y menores "desprotegidos".

La primera en intervenir fue la vicedecana del ICAM, quien, en tono serio, puso de manifiesto "las disfunciones" que han ido encontrándose con esta obligatoriedad de recurrir a estos mecanismos extrajudiciales de solución de controversias. Tras repasar una encuesta propia en la que se señala que en la Abogacía madrileña, el 84% de los profesionales lo valora "de manera muy negativa" o que "el 90% de los casos en la práctica se lleva igualmente al juzgado, pero con un retraso significativo", Winkels resumió la posición de sus colegas en que "se perciben como una carga más que como una solución de las controversias".

Al mismo tiempo, la vicedecana puso sobre la mesa datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que en 2023 reflejaba, por ejemplo, cómo "el 81,6 de los divorcios fueron no contenciosos y el 18,4% fueron contenciosos": "Somos el 81,6% de abogados y abogadas que negociamos, que exprimimos la negociación hasta el final y aportamos a los juzgados convenios reguladores, no controversias". Y en 2024, esa cifra bajó al 79,8% en lo que se refiere a divorcios no contenciosos.

"De media, somos un 80% de abogados y abogadas que negociamos antes de poner a una familia en un conflicto frente a un juez, un fiscal y un equipo psicosocial", sentenció en este punto dirigiéndose a los senadores para dar muestra de la importancia de estos datos.

Por ello, hizo hincapié en que "aplicar con carácter obligatorio estos métodos a una jurisdicción" donde "los porcentajes de mutuos acuerdos son tan elevados, lo único que está generando es la cronificación de conflictos y el retraso objetivo de la resolución de cuestiones en materia de menores que son urgentes".

Eso sí, también pidió hacer extensiva esa propuesta de excluir su obligatoriedad a los "procesos de jurisdicción voluntaria urgente y en los litigios transfronterizos", como ocurre en numerosos países.

Por todo ello, reiteró tajante que "la Ley ha salido de manera precipitada" y criticó duramente que "no se ha escuchado a los que estamos en la trinchera trabajando diariamente estos temas" y que "en procedimientos de familia donde hay menores de edad en unas situaciones de vulnerabilidad grave o en el seno de una pareja con uno de ellos en una situación de mayor vulnerabilidad de la otra, se cronifica una situación de conflicto porque no se puede interponer una demanda".

"URGENTE SENSATO Y HUMANO"

Por su parte, la presidenta de Aeafa se expresó en la misma línea, denunciando que "la obligación, no persuasión, de pasar por un intento extrajudicial de negociación como condición para presentar una demanda en asuntos que afectan a menores está generando consecuencias muy graves". "Hablamos de retrasos, de inseguridad jurídica y de niños, niñas y adolescentes que están quedando desprotegidos", añadió en el mismo tono serio que su compañera.

Unas "disfunciones", dijo, que, como "abogados especializados en derecho de familia", tienen "el deber y la obligación de trasladar". Para así reclamar "algo urgente, sensato y profundamente humano: que se elimine el requisito de procedibilidad en todos los procesos de familia que afecten a los niños, niñas y adolescentes". Y pese a estas quejas, se mostró convencida de que, "al imponer los MASC, la intención del legislador no fue en ningún caso generar perjuicios. Sin embargo, la realidad nos ha puesto frente al espejo".

"Cuando un menor necesita una medida urgente para garantizar su alimentación, su vivienda o su relación con ambos progenitores, no podemos obligar a sus padres a sentarse a negociar primero, sobre todo cuando hablamos de procesos con alta conflictividad entre adultos, porque al final no se va a lograr absolutamente nada. La negociación es valiosa, la negociación es útil, pero la negociación obligatoria es otra cosa, sobre todo en procesos con posiciones enconadas", subrayó tajante López-Muelas.

E insistió en que entendía que "el propósito de la norma es crear una justicia más humana, más sostenible", pero pidió no ser "ingenuos" porque, destacó, esta negociación "favorece al incumplidor, al que quiere que el procedimiento se retrase en el tiempo, y lo está consiguiendo".

"No se puede pedir a una familia iniciar un proceso negociador cuando uno de los progenitores no puede ver a su hijo, cuando un menor está sin una pensión de alimentos o cuando la elección de colegio o tratamiento no puede esperar más de seis meses. La ley, tal y como está redactada, no está protegiendo a los menores y eso es motivo suficiente para cambiarla", zanjó de nuevo mirando a los senadores que la escuchaban.