Así lo explicó el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, en una entrevista a Servimedia en la que también valoró que la regularización será un proceso “complejo”, tanto por la magnitud de personas afectadas -se esperan medio millón-, como por la cantidad de agentes institucionales implicados.

El presidente reivindicó el papel “esencial” que tendrá la abogacía para garantizar que el procedimiento se desarrolle con seguridad jurídica y respeto a los derechos fundamentales de los migrantes.

González dijo que tendrán que facilitar el acceso al asesoramiento legal de personas en situación de vulnerabilidad que, en muchos casos, “ponen todas sus ilusiones en este proceso”. En este sentido, avisó de que no se puede llevar a las personas a un “proceso de esta envergadura sin garantías jurídicas ni protección frente a posibles engaños”.

Pese a las garantías ofrecidas por el Gobierno, la Abogacía insistió en que será clave dotar al proceso de recursos suficientes para evitar colas masivas, errores administrativos o situaciones de desprotección jurídica.

Además del despliegue de abogados, la Abogacía impartirá formación específica junto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para orientar y formar a funcionarios y al público interesado en materia de extranjería, con el fin de que el proceso se aplique de forma “homogénea”, correcta y con “conocimiento” de la norma. Esta formación busca prevenir errores y fallos administrativos.

Asimismo, el presidente recordó que el asesoramiento en materia de extranjería está cubierto por la justicia gratuita, de modo que el acceso a la información y a la orientación legal será gratuito para los migrantes, quedando fuera únicamente la tramitación formal de la solicitud.

Asimismo, se habilitarán listas de abogados especialistas accesibles desde los colegios profesionales, el Ministerio de Justicia y los puntos de primer acceso, para facilitar que las personas migrantes sepan a quién dirigirse.

INQUIETUDES

Una de las principales inquietudes de la Abogacía es que este proceso no afecte negativamente a otros expedientes de Extranjería ya en marcha, lo cual Gonzalez considera clave para evitar un colapso del sistema. También insistió en que, aunque desde el Gobierno se asegura que habrá refuerzos y medios suficientes, es “fundamental” que las citas se respeten y que no se produzcan retrasos indebidos.

La Abogacía mantuvo interlocución institucional con Justicia durante el diseño de la norma y, pese a que no participó directamente en su redacción, trasladó su preocupación por el desarrollo práctico del proceso y la necesidad de evitar fallos burocráticos, falta de documentación o situaciones que puedan dejar fuera a personas especialmente vulnerables. “La norma llevaba tiempo siendo necesaria y ahora el reto está en cómo se desarrolla”, aseveró González.

Además, el presidente participó recientemente en un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con personas ya regularizadas en otros procesos, y con entidades sociales y empresariales. Todos coincidieron en la importancia que tendrá este proceso porque va a hacer “crecer económica y socialmente” a España.

No obstante, González dijo que este proceso es únicamente un primer paso hacia una integración real: “La regularización lo cambia todo, pero después llegan otras preocupaciones fundamentales como la vivienda, el trabajo y una integración efectiva en la sociedad”.