Para la letrada, en vez e los procesados, para los que el fiscal pide 60 años de cárcel, quienes deberían sentarse en el banquillo son el presidente del Gobierno y el ex ministro de Justicia, Enrique Mújica, "por terrorismo de Estado", al "trasladar" el problema de los presos en ayuno voluntario a los médicos, cuando su obligación, según el Tribunal Constitucional, es "velar" por su vida.

Los dos miembros de los Grapo se negaron a prestar declaración ante el tribunal y provocaron su expulsión de la sala al hacer alusión a lasituación de los "presos políticos" en las cárceles españolas y a la muerte de su compañero José Manuel Sevillano, que pereció por inanición, a pesar de recibir alimentación forzosa durante una huelga de hambre.

Por esa causa está además procesado en rebeldía Fernando Silva, fugado recientemente de la cárcel de Granada tras abrir un boquete en su celda de aislamiento, que, según el fiscal, mantuvo una entrevista con Vázquez y Romero en Logroño en marzo de 1990, para ordenarles que se desplazaran hastaZaragoza y mataran a uno de los médicos que atendía a los presos en huelga de hambre.

Tras varios días de vigilancia, los terroristas decidieron atentar contra José Ramón Muñoz Fernández porque era el más asequible. Para ello, María Jesús Romero llamó a su consulta y pidió hora a nombre de Fernando Martín.

En la tarde del 27 de marzo, ambos fueron recibidos por el doctor Muñoz Fernández al que Guillermo Vázquez disparó en la cabeza nada más entrar en su despacho, sin darle tiempo siquiera a levanarse de la silla.

El fiscal consideró los hechos como un delito de asesinato con la agravante de premeditación y solicitó penas de 30 años para cada uno de los procesados, basándose en la declaración judicial efectuada por Vázquez, en la que asumió la autoría del atentado, y en el informe pericial que confirmó que los tres casquillos de bala recogidos en la consulta correspondían a la pistola intervenida por la policía en su domicilio cuando le detuvieron.

Sin embargo, la defensa, que pidió la abolución, denunció que el registro domiciliario fue ilegal, ya que lo realizaron sin la debida autorización judicial, a pesar de que aprovecharon cuando el arrestado estaba ya en comisaría y no existía la posibilidad de que se estuviera cometiendo un delito flagrante en él.

Asimismo, argumentó que su defendido fue víctima de malos tratos en las dependencias policiales y se vio forzado a declarar en su contra bajo preiones, y aportó el informe forense elaborado por el médico que le reconoció antes de coparecer en el juzgado, en el que consta que el detenido presentaba restos de sangre seca y diversas lesiones recientes.