El letrado agradeció al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que haya dejado “la puerta abierta a acomodar la pena a los postulados de la acusación popular y esta defensa", pese a que formalmente ha mantenido su petición de siete años de prisión para el empresario.

Durante la exposición de sus conclusiones, Choclán admitió la "pertenencia a una organización criminal" de su representado que, según dijo, llevaba “funcionando desde 2015” y aseguró estar “ante un supuesto de corrupción que afecta a altos cargos del Gobierno. Y es necesario retomar confianza en instituciones. Por eso el ciudadano que quiere colaborar merece reconocimiento", concluyó.

Cómo ya hizo Aldama en su declaración, el abogado insistió en que el comisionista fue “un instrumento pero no del señor Ábalos, de algo más grande", retomando la insinuación de que el “número uno” de esa trama sería el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta posibilidad ha sido desmentida por el fiscal, quien no dio credibilidad a la acusación.

Choclán se dirigió al tribunal para reiterar su petición de que apliquen al empresario una atenuante “muy cualificada”, como reclaman las acusaciones populares lideradas por el PP. Argumentó que es necesario trasladar que hay “incentivos” para los ciudadanos que ayudan a “desmantelar la corrupción”. En caso contrario, aventuró, “se impondría la ley del silencio”. “Si colaborar no aporta en nada”, añadió, “es un harakiri. ¿De qué sirve?“.

La defesa del comisionista aseguró que fue Koldo García quien contactó con Aldama para que le proporcionara fondos y parte de los fondos que el empresario entregó a Koldo “se destinaron a financiar al PSOE a través de un sistema de donaciones".