La comparecencia para comunicarles a los tres que de ser juzgados por ese delito se someterían a una juicio con jurado, se ha celebrado con normalidad pese a la ausencia de los tres imputados, que no se conoció hasta pocos minutos antes del inicio de la vista.

Los abogados de las acusaciones destacaron que la causa sigue viva y que el procedimiento va a seguir adelante y aunque indicaron que han solicitado nuevas diligencias, no aclararon si entre ellas figura la petición de tomar declaración a Pedro Sánchez como testigo.

Ahora el juez Juan Carlos Peinado puede continuar con la instrucción, podría volver a citar los imputados o incluso podría llegar a amonestarlos por no haber acudido a la citación. A su salida de los juzgados, el abogado de Gómez explicó que la vista “se ha celebrado con normalidad” y argumentó que la Ley del Jurado establece esta comparecencia “como un derecho no como un deber”, e insistió en que la presencia de los investigados “no suele ser normal en esto actos”.

En concreto, Camacho recordó que “cuando se promulga la Ley del Jurado, el texto de la ley es claro y la interpretación que hace la circular 4/1995 de la Fiscalía General del Estado es que la presencia del investigado constituye un derecho, pero no una obligación. Por lo tanto, no se ha planteado en ningún momento ni en ningún lugar que mi representada tuviera que estar aquí”. Añadió que no informó de la ausencia al juez con antelación porque “no hay ninguna obligación de comunicarlo previamente”.

Por su parte, Luis Pardo, en representación de Iustitia Europa explicó que “ahora el juez dictará el auto de continuación con unas diligencias de investigación que hemos solicitado y que consideramos que son indispensables”.

Insistió en que este procedimiento “sigue vivo gracias a las acusaciones populares” y defendió que “si nosotros hoy no hubiéramos concretado los hechos, debería haberse dictado el auto de sobreseimiento”.

En nombre de Hazte Oír, el abogado Javier María Pérez Roldán señaló que “el asunto va a seguir adelante y eso parece más que evidente”. Tras añadir que “el cauce procesal es el que es”, no quiso dar más detalles de los sucedió en la vista que se prolongó durante dos horas.

Begoña Gómez, su asesora y el Delegado del Gobierno en Madrid estaban citados este sábado ante el juez Peinado para una comparecencia previa en la que se concretaría su imputación en la causa por presunta malversación, como prevé la ley del tribunal de jurado popular por el que ha propuesto juzgarla.

Las acusaciones populares habían avanzado que estaban valorando pedir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declare como testigo ante el juez en esta pieza separada por presunta malversación.

Los tres imputados están investigados por presunta malversación, al considerar el juez que hay indicios de delito en el nombramiento en 2018 de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez para la que realizó funciones relacionadas con su actividad profesional, mientras estaba cobrando de fondos públicos.

Esta pieza separada de desgajó de la causa principal en la que el instructor investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios, intrusismo, tráfico de influencias y apropiación indebida por las adjudicaciones públicas al grupo empresarial de Juan Carlos Barrabés, y la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid que Begoña Gómez codirigía.