La plataforma indicó en un comunicado que el caso analiza la normativa de Bruselas sobre alojamientos turísticos y pone el foco en un elemento "clave: las autorizaciones o certificados urbanísticos no pueden convertirse en una caja negra administrativa, sin criterios objetivos y con un margen excesivo de discrecionalidad política. Europa exige que la regulación sea proporcionada, transparente y jurídicamente previsible".

Añadió que esta doctrina puede tener implicaciones relevantes en Cataluña y señaló que el Decreto-ley 3/2023 "instauró un régimen que somete las viviendas de uso turístico (VUT) a licencia urbanística previa, limita sus autorizaciones y fija un horizonte de extinción para las licencias vigentes". En este marco, Barcelona ha anunciado el cierre de los 10.000 pisos turísticos de la ciudad en 2028.

TLT subraya que el alcance de la medida afecta a toda Cataluña y agrega que "golpea a municipios de la costa y del Pirineo, donde se prevé el cierre de 50.000 HUT adicionales. Según TLT, la aplicación del Decreto-Ley podría suponer el mayor expediente de regulación de empleo de la historia de Cataluña, con 200.000 trabajadores afectados de forma directa e indirecta".

El presidente de TLT, Guillem Laporta, presidente de TLT, afirmó que “las instituciones europeas empiezan a marcar límites a una forma de gobernar basada más en el relato político que en la evidencia. La regulación catalana no es proporcional ni está justificada por ningún estudio empírico. Lo que está en juego son miles de puestos de trabajo directos e indirectos vinculados al alquiler turístico”.

TLT reitera que seguirá defendiendo una regulación" justa, equilibrada y basada en datos, que proteja

tanto el acceso a la vivienda como los puestos de trabajo y la actividad económica que dependen del

sector". La entidad reclama a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona que abandonen "la

estrategia de confrontación y veto generalizado, y abran una vía de diálogo real con los trabajadores

afectados".