El letrado defendió que existe “prueba directa” de la comisión del delito pese a que durante el juicio no se ha analizado ninguna que tenga carácter indubitado que demuestre que García Ortiz filtró los correos que afectaban a datos de Alberto González Amador. Además, defendió la existencia de “una pluralidad de indicios probados que permiten alcanzar una convicción plena”.

A su juicio, “la única explicación razonable ante este cúmulo de indicios relacionados” es que el fiscal general sea la persona que filtró los correos intercambiados entre la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal que le investigaba.

Manos Limpias trató de introducir la idea de que en caso de que no se pueda probar la revelación de secretos se pueda achacar al fiscal general del Estado un delito de infidelidad en la custodia de documentos.

El abogado también se agarró al argumento de que el acusado eliminó de sus dispositivos electrónicos los mensajes “por ninguna razón amparada por el derecho y la lógica" y destacó que el borrado coincide en el tiempo con la apertura de la investigación penal contra él en el Supremo. Descreditó, igualmente, las declaraciones exculpatorias de los periodistas que “conocían un documento y su contenido y no lo publicaron".

Manos Limpias concluyó que los hechos que se juzgan son "de extraordinaria gravedad" porque la difusión de esos correos constituyen un "riesgo grave" de que haya "una vulneración de derechos fundamentales de las personas sometidas a una investigación".