Arauz de Robles señaló que la sentencia del TJUE declara que hay que sancionar obligatoriamente a las Administraciones Públicas que abusen de sus trabajadores y que esa sanción no puede consistir ni en la aplicación del indefinido no fijo ni en una indemnización limitada o topada.

“Estamos ante una resolución histórica que puede marcar un antes y un después en el empleo público en España. El TJUE nos aboca, tras más de 20 años sin aplicar correctamente la directiva europea, a que la única solución sea convertir en fijos a quienes han sufrido abusos en su contratación”, señaló.

El abogado consideró que esta sentencia tiene importantes consecuencias para España, como legislar la transformación en fijos de los empleados públicos víctimas de este abuso, el pago de indemnizaciones millonarias, posibles sanciones de la Unión Europea (UE), pérdida de fondos comunitarios comprometidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y la revisión de procesos de estabilización y oposiciones que no se ajusten a la directiva.

Arauz de Robles lamentó que los tribunales en España no hayan aplicado todavía ninguna sanción y recordó que ahora esta sentencia vincula tanto a España como al resto de estados miembros de la UE.

“Toca aplicar esta sentencia, y la única forma es transformar en fijos a los interinos”, apuntó. En su opinión, una posible solución podría ser el fijo a extinguir, que resulta “perfectamente constitucional” y garantizaría la fijeza automática, estabilizaría al personal y no supondría una discriminación en puesto de trabajo.

También explicó que el fijo a extinguir tiene los mismos derechos que un funcionario de carrera. “Las plazas se quedan ocupadas por los interinos y cuando se jubilen o cesen es cuando esas plazas se incorporan a los procesos de selección, pero nunca es forzoso”, añadió.

Para el abogado, el hecho de que España arrastre este problema desde hace décadas responde a la falta de voluntad política e instó a los poderes públicos a leer “bien la sentencia” y “buscar asesores para que empiece a legislar en el sentido que dice la UE”.

SENTENCIA DEL TJUE

El TJUE consideró que las medidas previstas en España para sancionar la temporalidad abusiva en el sector público no resultan conformes con el Derecho de la UE.

El TJUE recordó en su sentencia que no le corresponde pronunciarse sobre la interpretación de las disposiciones del Derecho interno y señaló que corresponderá al Tribunal Supremo apreciar si las medidas previstas en la normativa nacional sancionan de forma debida la utilización abusiva de los contratos temporales sucesivos en el sector públicos y si permiten eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho comunitario.

No obstante, el TJUE aportó precisiones para orientar al Tribunal Supremo en su apreciación y señaló que la transformación de los sucesivos contratos de duración determinada en una relación laboral indefinida no fija no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos.

REACCIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA

Tras conocerse la sentencia, el Gobierno reiteró “su firme compromiso” con la reducción de la temporalidad entre los empleados de la Administración Pública, tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al respecto, y apuntó que el abuso de los contratos temporales está en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales.

Fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública señalaron que la sentencia del TJUE “es meramente aclaratoria” y, por tanto, no afecta a la normativa nacional ni impone ningún tipo de sanción a España.

“El TJUE lo que ha dicho es que España tiene que hacer más para evitar abusar de la figura del trabajador temporal, pero no obliga a hacerlo de una manera u otra”, explicaron desde la cartera de Óscar López.

Función Pública también recordó que la doctrina del Tribunal Constitucional español es contraria a hacer fijos a trabajadores temporales sin que saquen esta plaza en una oposición abierta a todo el mundo. El acceso al empleo público en España se basa en los pilares constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.