A través de un comunicado, el ICAM valoraba así que el Tribunal Supremo, en un fallo conocido esta jornada, haya condenado al fiscal general del Estado por revelación de secretos. Le impone una multa de 7.200 euros, inhabilitación por dos años y el pago de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por daños morales.

La institución que vela por los letrados madrileños reafirmó "su misión de velar con independencia y responsabilidad por el correcto funcionamiento del proceso penal, la defensa de la abogacía y la protección efectiva de los derechos fundamentales".

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, recordó que desde el inicio del procedimiento el Colegio ejercitó la acusación popular "convencido de que existían indicios suficientemente sólidos que justificaban la apertura de juicio oral".

La entidad colegial destacó que la condena al fiscal general del Estado supone que "nadie está por encima de la ley" y evidencia que "la ley se aplica a todos por igual" incluso "en los niveles más altos del poder público".

SECRETO PROFESIONAL VULNERADO

La resolución del Alto Tribunal "confirma la relevancia jurídica de los hechos denunciados, en los que se vio comprometido el contenido de una comunicación entre un abogado y un fiscal protegido por el secreto profesional", según el ICAM.

El colegio profesional subrayó que el fallo "refuerza la protección de los principios esenciales del Estado de derecho, como la inviolabilidad del derecho de defensa, el respeto al secreto profesional y la lealtad procesal".

Advirtió que cuando estos pilares "se ven afectados, se pone en riesgo no solo un caso particular, sino el equilibrio del modelo de Justicia garantista que ampara a toda la ciudadanía".

DEFENSA DE LA FISCALÍA

El ICAM precisó que "este caso no pone en tela de juicio a la Fiscalía como institución, ni afecta en absoluto a la excelente profesionalidad de quienes la integran".

Defendió que se ha condenado "una actuación concreta excepcional que en nada empaña el trabajo riguroso y comprometido de los cientos de fiscales con los que los abogados compartimos a diario la labor jurisdiccional".

La institución colegial concluyó que "la relación institucional con el Ministerio Fiscal sigue siendo y debe seguir siendo fluida, leal y constructiva en defensa de nuestros valores democráticos y de la paz social".