En rueda de prensa, Eduardo García Peña, que actuó como portavoz de estos 21 letrados de oficio, acusó al Ministerio de Justicia y al Colegio de Abogados de haber firmado un acuerdo "tramposo, insuficiente e injusto", en el que se estipulaba unos honorarios máximos de 20.000 euros.

Peña señaló que "no vamos a renunciar a defender a nuestros clientes, pero haremos todo lo posible porque el juicio no se celebre hasta que tengamos los medios suficientes para hacer una defensa", ya que "un abogado en el estrado maniatado y con los ojos vendados no es un abogado, es un pelele".

Este letrado advirtió de que, si no se atienden sus peticiones, sería necesario aplazar la celebración del juicio dos años, lo que acarrearía la puesta en libertad automática de muchos de los acusados, al cumplirse el máximo de cuatro años de prisión preventiva. Puntualizó que "nosotros no buscamos la dilación (del juicio) porque cuanto antes se celebre el juicio, antes quedará mi cliente en libertad".

PETICIONES ECONÓMICAS Y TRADUCTORES

Estos 21 abogados de oficio aseguran que la minuta de 20.000 euros que se les ha ofrecido "nos supondría la ruina económica y el cierre de nuestros respectivos despachos, porque un caso como éste requiere dedicación exclusiva".

Recalcaron que también necesitan intérpretes y traductores de árabe para poder hablar con sus defendidos y preparar los casos, ya que "muchos de nosotros no hemos podido todavía ni hablar con nuestros clientes".

Además, denunciaron que el DVD del sumario, que contiene más de 120.000 folios, se les facilitó en julio, mientras que a la Fiscalía la Audiencia Nacional se le hizo llegar mucho antes, por lo que "no hemos tenido tiempo suficiente para estudiar a conciencia y preparar el juicio".

Si el Ministerio de Justicia no accede a estas reclamaciones, los letrados de oficio amenazan con acudir "en amparo al Tribunal Europeo de Estrasburgo y a cuantas instituciones y organismos internacionales proceda".