La protesta será en la Ciudad de la Justicia de Barcelona el próximo lunes, día 13 de noviembre, a partir de las 11.00 horas.

El manifiesto se publica “a raíz de los acuerdos de investidura entre el PSOE y los partidos Junts y ERC”, que supondrán a su entender un “grave deterioro institucional” al impedir la acción de la justicia sobre los responsables de los hechos relacionados con el ‘procés’.

Según indican, el contenido del acuerdo “vulnera flagrantemente la Constitución de 1978 que se asienta en la consideración de España como un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Asimismo, consideran que la aprobación de leyes de amnistía como las planteadas “ataca los principios esenciales del Tratado de la Unión Europea”. Además, recuerda que el artículo 9 de la Constitución declara que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Esto incluye a los partidos políticos, quienes deben ejercer su actividad libremente dentro del respeto a la Constitución y a la ley.

Los acuerdos que se han hecho públicos, añaden, “ponen en grave peligro el funcionamiento del Estado de derecho, en tanto que tratan de instrumentalizar y politizar la Justicia mediante una deslegitimación de sus integrantes”.

ATAQUE A LA INDEPENDENCIA

Así, aseguran que los operadores jurídicos que desarrollan su actuación fundamentalmente en Cataluña, “rechazamos de manera tajante las descalificaciones que se contienen en los acuerdos de investidura hacia el poder judicial, en cuanto ello supone un ataque a su independencia”.

En esa línea, niega la existencia de una “persecución política” desde el Poder Judicial contra el separatismo. Se añade que en los procedimientos judiciales se investiga la comisión de delitos y no se juzga la ideología de los autores de los hechos.

Y concluyen que rechazan “conceptualmente la concesión de amnistía a los implicados en hechos delictivos que pusieron en grave peligro la convivencia entre los españoles y, especialmente, entre los catalanes, en tanto que pretenden otorgar espacios de impunidad a personas por su ideología. Este trato privilegiado es contrario al principio de igualdad entre los ciudadanos”.

Insisten en que es “especialmente grave” que se hable de ‘lawfare’ y que se condicione la aplicación de la ley penal a la supervisión parlamentaria a través de comisiones de investigación. Y concluye que la aplicación de esta norma “acabará con la separación de poderes” porque supone “someter las decisiones judiciales a la supervisión de la clase política”.