No obstante, CCOO rechaza que no se contemple el cuarto supuesto como un prestación del Servicio Nacional de Salud, ya que se "obvian las dificultades económicas para afrontar la interrupción voluntaria del embarazo".

A juicio de la Secretaría de la Mujer de Comisiones, será necesario precisar mejor en el texto final que apruebe el Parlamento el marco de actuación de médicos y personalsanitario en el ejercicio de su derecho a la objeción de conciencia, y una mayor objetividad en el asesoramiento que presten los centros de asistencia, para que en la práctica no resulte imposible hacer uso de un derecho reconocido por ley.