La comisión aprobó varias enmiendas transaccionales que el PSOE presentó a propuesta de Izquierda Unida. La de más relevancia es la que establece que las mujeres que no dispongan de recursos propios para sufragar la interrupción de su embarazo tengan derecho a ayuda económica pública

Otra transaccional obliga a los centros en los que se practiquen los abortos a garantizar la confidencialidad de toda la información relacionada con sus pacientes.

PSOE e Izquierda Unida también acordaron otra modificación del proyecto para que en ningún caso los centros de asesoramiento sobre la interrupción voluntaria del embarazo puedan asumir la función de autorizar o denegar la práctica del aborto ni condicionar la decisión final de la mujer.

Por otra parte, durante la mañana de hoy semantuvo la incertidumbre sobre si el pleno del Congreso se convocará finalmente la próxima semana para aprobar el proyecto de ley. PSOE e Izquierda Unida se cruzaron de nuevo acusaciones mutuas con PP y CiU por este asunto, en este caso sobre si la Mesa del Congreso debe reunirse esta tarde para debatir la convocatoria del pleno.