La primera lleva más una década esperando sentencia por la imposibilidad de acuerdo en el tribunal de garantías. De hecho, no se ha llegado a someter a votación desde que el PP presentó recurso de inconstitucionalidad en 2010. El punto conflictivo es el que autorizaba a las menores de 16 y 17 años a abortar sin el consentimiento de sus padres.

En el caso de la norma que regula la eutanasia aprobada en junio pasado por las Cortes, están pendientes los recursos que presentaron el PP y Vox, este último enmienda la plana a la ley por considerar que el derecho a la vida tiene “carácter absoluto”. El PP, mucho menos categórico, apela al refuerzo de los cuidados paliativos como alternativa.

Además de estas normas, el nuevo TC tiene sobre la mesa decidir sobre la normativa catalana que intenta eludir la obligación de impartir el 25% de la enseñanza en castellano y sobre la ‘Ley Celaá’ de educación, sobre la que pesan recursos precisamente sobre el uso del castellano en las comunidades con leguas cooficiales o sobre el trato que se da a la asignatura de religión, planteado por Vox.

En relación con el entramado social y laboral, el TC tiene sobre la mesa el recurso sobre la votación que permitió la aprobación de la reforma laboral impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que logró la mayoría gracias al voto equivocado del diputado popular Alberto Casero. El PP esgrimió que no se le permitió enmendar el error. Vox cargó contra la aprobación por vía de urgencia de la norma.

En este terreno también es especialmente significativo el recurso de Vox contra la Ley de Vivienda que bloquea la ejecución de desahucios a personas vulnerables. A su entender, esta norma atenta contra el derecho a la propiedad y protege al delincuente. En el caso del PP, el TC tendrá que pronunciarse contra la nueva ley de vivienda de Cataluña que obliga a los grandes propietarios a ofrecer alquiler social a personas vulnerables que ocupen una vivienda.