A juicio de los socialistas, la presencia de agntes de la policía en este centro podría deberse a la presión de las organizaciones antiabortistas, y recuerdan que "ninguna clínica puede interrumpir el embarazo cuando no se cumplen los requisitos previstos en la legistación".

El PSOE defiende que debe aclararse la actuación de las fuerzas del órden público, cuyo papel es "velar para que no se viole la intimidad, ni el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo reconocido por la ley",