Los activistas de Greenpeace llevaron a cabo una acción en Barcelona el 18 de junio de 2021 con motivo de una reunión del Círculo de Economía sobre la reconstrucción económica tras la pandemia, que se celebró en el hotel W Barcelona y a la que asistió Sánchez.

Los activistas desplegaron una pancarta de 15 metros pegada a la cristalera de la sala del hotel donde se celebraba la reunión en la que se leía ‘Sánchez, os vigilamos: recuperación verde y justa’.

“Hoy termina una batalla legal de más de cuatro años y medio que nunca debió empezar. El juzgado ha sido claro: el derecho a la protesta es la base de nuestra libertad y nadie debería ser perseguido por ejercerlo”, apuntó Jose Manuel Marraco, abogado de Greenpeace.

Marraco añadió: “En un mundo que parece ir a la deriva, el activismo es más relevante que nunca, la herramienta más poderosa de la ciudadanía y el último reducto de la esperanza. Por todo ello, hoy nos reafirmamos en que alzar la voz es un derecho inalienable que seguiremos ejerciendo con más fuerza que nunca”.

PROTESTAS PACÍFICAS

Las directrices sobre el derecho a la protesta ambiental pacífica y la desobediencia civil, recientemente publicadas por el relator de Naciones Unidas sobre las defensoras y los defensores del medio ambiente en virtud de la Convención de Aarhus, señalan que “las protestas pacíficas -sea de forma individual o colectiva- implican el ejercicio de derechos interrelacionados, entre ellos los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, así como el derecho a participar en la toma de decisiones”.

“Las protestas pacíficas están, por lo tanto, protegidas en virtud de estos derechos, que están consagrados en tratados internacionales de derechos humanos jurídicamente vinculantes que establecen las obligaciones positivas y negativas de los Estados en relación con el disfrute de dichos derecho”, indican.

La sentencia relata toda la prueba practicada durante los dos días que duró el juicio y concluye que por parte de las acusaciones no se acreditó ni la intención de menoscabar la autoridad de la policía ni los supuestos delitos de lesiones de los que se acusaba a los dos activistas de Greenpeace.

“El fallo relata de forma expresa que hubo un exceso de celo por parte de la Guardia Urbana, a quien sólo se le había pedido que se asegurara de que las lanchas propiedad de la organización ecologista no estaban cometiendo alguna infracción administrativa. Igualmente se ha acreditado que las dos personas juzgadas siguieron en todo momento las instrucciones de la Guardia Urbana”, recalcó Greenpeace.

“RESPONSABILIDAD COLECTIVA”

Irene Díez, abogada de Greenpeace, señaló al respecto: “Habitar un planeta al límite de sus capacidades físicas nos sitúa ante un mandato moral ineludible. En este escenario de incertidumbre global, la movilización deja de ser solo una opción jurídica para convertirse en la respuesta necesaria de quienes nos negamos a aceptar la destrucción del futuro”. “Nuestra defensa de la paz y de un mundo verde no es una concesión, es una responsabilidad colectiva que ejercemos cada vez que salimos a la calle”, concluyó.