El informe es el resultado de meses de deliberación por parte de nueve expertos que reflejan el punto de vista de todos a la hora de responder las cinco preguntas que formuló Aragonès en abril, cuando presentó ese 'acuerdo de claridad' sobre las condiciones que debería tener la propuesta de un nuevo referéndum de autodeterminación. En concreto, es un documento de más de 60 páginas cuyo contenido no expresa la opinión de nadie en particular, sino de todos de forma conjunta.

Las preguntas formuladas eran las siguientes: características que tendría que incluir el acuerdo de claridad; mecanismos existentes que permitirían aportar soluciones al conflicto; qué actores políticos e instituciones deberían intervenir; qué función tendría que tener un referéndum sobre el futuro político, y qué características tendría que cumplir un referéndum.

Para los expertos, el 'acuerdo de claridad' debería establecer un conjunto de medidas para avanzar hacia la resolución del conflicto político y tendría que contemplar que la ciudadanía y los representantes de Cataluña y España tienen intereses legítimos en el conflicto y en su resolución.

RESPUESTAS

A la primera pregunta, los académicos señalan que el 'acuerdo de claridad' debería definir un mecanismo de expresión de las preferencias de la ciudadanía, ya sea un referéndum o un mecanismo análogo, que tenga legitimidad y viabilidad, y una institucionalización de estas preferencias. Dentro de las preferencias, aclaran, se encuentra la independencia.

A su vez, constatan en el informe que en la mayoría de resoluciones de conflictos territoriales, el referéndum, ya sea parte de un proceso de acomodación dentro del Estado o de la secesión, tiene un papel importante y que la manera más frecuente ha sido celebrarlo en el territorio secesionista, en el que formula la demanda.

Sobre los actores que deben participar en un 'acuerdo de claridad', explican que entre ellos tienen que estar los gobiernos, los parlamentos y la ciudadanía. Además, mencionan que hay actores secundarios, como los tribunales, entidades locales y comunidades, y el Tribunal Constitucional, que juega también un papel importante en este tipo de acuerdos.

En relación con los mecanismos, en respuesta a la cuarta pregunta formulada por el Ejecutivo catalán, el informe constata que el referéndum es el mecanismo por excelencia de la resolución de conflictos territoriales. Sin embargo, detallan en el documento que este mecanismo puede tener tanto ventajas como inconvenientes.

CINCO REFERÉNDUM

En el informe, los académicos proponen cinco opciones de referéndum. Las dos primeras serían en el territorio subestatal, uno de inicio y otro de ratificación. El primero sería parecido al celebrado en Escocia en el año 2014 y el segundo se podría hacer en el marco de una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

El tercero y el cuarto se realizarían en el conjunto del Estado, y también serían de inicio o de ratificación. El de inicio, exponen los expertos, sería, por ejemplo, hacer un referéndum para preguntar al conjunto de la ciudadanía española si está de acuerdo en que el Ejecutivo central autorizase una consulta en Cataluña sobre la independencia.

En el caso del de ratificación en el conjunto del Estado, podría contemplar diversos tipos de preguntas. Finalmente, proponen un referéndum en el territorio subestatal y en el conjunto del Estado. Es decir, de manera simultánea se podría celebrar un referéndum en Cataluña y otro en España para conocer las preferencias de ambas ciudadanías.

Como no fue una petición expresa del presidente catalán, el informe no explica si es legal o no realizar ahora un referéndum, es decir, no entra específicamente en el debate y tampoco expone cuál sería la mejor vía, sino que es una exposición general de posibles resoluciones para el conflicto político.

OPINIÓN GOVERN

Aragonès dispone de este informe desde principios de esta semana, pero no se pronunciará al respecto hasta el lunes. En concreto, el lunes a primera hora de la mañana mantendrá una reunión con los académicos y, a mediodía, tras convocar al Consejo Ejecutivo del Gobierno catalán, realizará una rueda de prensa para trasladar su valoración del informe.

Desde el Gobierno catalán trasladan que es un informe académico y muy amplio, realizado por académicos de sensibilidades muy diversas, que no es jurídico y que se trata de una herramienta más que se suma a las que ya tiene para hablar o negociar sobre el conflicto político.

Insisten en que la posición de Aragonès es clara y no es neutral, ya que como él mismo ha dicho en diferentes ocasiones, la última hoy mismo en declaraciones ante los medios desde Bolonia (Italia), su opción es llevar a cabo un referéndum de autodeterminación para preguntar sobre la independencia.