Según informó este jueves la institución, el acto fue presidido por Luis María Cazorla Prieto, presidente de la Real Academia, y coordinado por José Manuel Serrano Alberca, letrado de las Cortes Generales y Patrono de la Fundación. La sesión reunió a las voces más autorizadas del ámbito académico y profesional para abordar uno de los mayores desafíos socioeconómicos de España.

Los ponentes subrayaron que el tiempo medio de desarrollo urbanístico en España oscila entre los 20 y 25 años, una lentitud que genera rigidez de usos e inseguridad jurídica incompatible con las necesidades actuales de la población. Esta compleja maraña de leyes estatales y autonómicas constituye el principal obstáculo para aumentar la oferta de vivienda.

Durante la jornada, los expertos identificaron la excesiva regulación como el principal "cuello de botella" que estrangula la oferta de suelo, con un tiempo medio de desarrollo urbanístico que oscila entre los 20 y 25 años. Esta lentitud genera rigidez e inseguridad jurídica incompatible con las necesidades de la población española.

SIMPLIFICACIÓN URGENTE

Tomás Ramón Fernández Rodríguez, catedrático de Derecho Administrativo y Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, fue contundente sobre la urgencia de reformas. "El precio de la vivienda seguirá subiendo mientras la legislación sea rígida y compleja", declaró el experto durante su intervención.

Añadió que "para abaratar el coste es imperativo simplificar los planes generales y reducir las cesiones obligatorias al promotor". Fernández Rodríguez consideró que sin estas medidas será imposible contener el incremento de precios que afecta especialmente a los jóvenes y familias con menos recursos.

El arquitecto urbanista Leopoldo Arnaiz Eguren destacó la importancia de la agilidad administrativa en el proceso. "El problema reside en la falta de suelo urbanizado y la lentitud de los procesos", precisó el profesional durante la mesa redonda celebrada en la sede de la institución.

Arnaiz Eguren defendió que es necesario "sistematizar la legislación, fomentar la colaboración público-privada y asegurar financiación suficiente para promotores y compradores". El arquitecto urbanista consideró estas medidas imprescindibles para desbloquear la situación actual del mercado inmobiliario español.

INFORMES Y PLAZOS

La mesa redonda puso el foco en la necesidad de diferenciar la nulidad de los planes de la de los reglamentos. También se abordó la importancia de organizar los informes sectoriales con plazos estrictos y silencio positivo para evitar la paralización de proyectos urbanísticos.

José Manuel Serrano Alberca señaló que "la escasez de suelo y la regulación excesiva están detrás del alza de precios". El letrado de las Cortes Generales defendió que "es necesario limitar los informes repetitivos y asegurar un proceso ágil sin comprometer las garantías legales y medioambientales".

Serrano Alberca consideró fundamental encontrar un equilibrio entre la agilización de trámites y el respeto a la normativa vigente. El coordinador de la jornada insistió en que la simplificación administrativa no debe ir en detrimento de la protección del medio ambiente ni de los derechos de los ciudadanos.

VIVIENDA PÚBLICA PERMANENTE

Luciano Parejo Alfonso, catedrático de Derecho Administrativo, aportó una visión estructural sobre el papel del Estado en la crisis de la vivienda. El experto subrayó que la actual situación es "dramática para buena parte de la población" y defendió que la solución debe centrarse en la producción de vivienda de titularidad pública.

"La solución no vendrá de intervenciones coyunturales, sino de una apuesta por la acción pública fuera de la lógica comercial", afirmó Parejo Alfonso. El catedrático añadió que "es urgente recuperar la vivienda de protección oficial y consolidar parques públicos permanentes" para garantizar el acceso a una vivienda digna.

Para el experto, solo una oferta pública estable puede asegurar el derecho a una vivienda asequible al margen de la volatilidad del mercado. Parejo Alfonso defendió una estrategia pública robusta y a largo plazo frente a las tesis centradas exclusivamente en el mercado libre.

El debate concluyó con una hoja de ruta clara: modificar la ley estatal para otorgar mayor seguridad jurídica, reducir las determinaciones de los planes autonómicos para ganar flexibilidad y potenciar la coordinación entre las tres instancias territoriales del Estado. Los expertos coincidieron en la urgencia de actuar de forma coordinada.